Reclama nuevamente medidas concretas para hacer cumplir los plazos de pago, entre ellas un régimen sancionador
Los últimos datos de la Plataforma muestran que las Administraciones Públicas pagan de media a 70 días, el sector privado a 67 y el 85% de las grandes empresas supera el plazo legal
Madrid, 22 de octubre de 2026. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) remite a los grupos políticos una batería de cinco compromisos prioritarios contra la morosidad para que sean incorporados a sus programas de cara a las próximas elecciones generales. En este sentido, la PMcM considera esenciales para la próxima legislatura:
• Hacer cumplir los plazos, estableciendo sanciones efectivas frente a incumplimientos graves o reiterados.
• Detectar automáticamente la morosidad aprovechando la factura electrónica, sin obligar al proveedor a denunciar a su cliente.
• Proteger a quien cobra tarde, facilitando las reclamaciones y haciendo efectivos los intereses de demora.
• No premiar al mal pagador con dinero público, vinculando el comportamiento de pago al acceso a contratación, subvenciones y ayudas.
• Más transparencia y ejemplaridad, haciendo públicos los plazos reales de pago y exigiendo a las Administraciones el mismo cumplimiento que reclaman al sector privado.
La PMcM considera especialmente urgente la implantación de un régimen sancionador que convierta los plazos legales de pago en una obligación efectiva, ya que España dispone desde hace años de límites legales, pero el problema sigue siendo la ausencia de consecuencias suficientemente disuasorias ante incumplimientos graves y sistemáticos.
Así mismo, la PMcM anuncia que, antes de los comicios, hará público un “Semáforo de Pago a Tiempo” que permitirá conocer de forma rápida y sencilla el grado de compromiso de cada formación con la reducción de los retrasos en los pagos a proveedores. De esta manera, evaluará uno a uno los compromisos electorales y los clasificará mediante un código de colores: verde, cuando la medida se recoja de manera clara, concreta y alineada con la propuesta de la Plataforma; ámbar, cuando exista un compromiso parcial, ambiguo o insuficientemente desarrollado; y rojo, cuando la formación no incluya ninguna medida o plantee propuestas contrarias a las reivindicaciones de la PMcM. El resultado será publicado antes de las elecciones para que empresas, autónomos y ciudadanos puedan comprobar qué propone realmente cada partido en esta materia.
“No queremos declaraciones genéricas de buenas intenciones. Queremos compromisos concretos, escritos en los programas electorales y que puedan ser evaluados. Vamos a analizar qué propone cada partido y los ciudadanos podrán comprobar con claridad quién se compromete a hacer frente a la morosidad, quién lo hace solo parcialmente y quién no plantea ninguna solución”, afirma el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.
Para la Plataforma, la próxima legislatura debe suponer un punto de inflexión en una problemática que perjudica especialmente a pymes y autónomos y que adquiere todavía mayor relevancia en un contexto de incertidumbre geopolítica, presión sobre los costes y necesidades de financiación. “Una pyme que cobra tarde está financiando involuntariamente a su cliente. Cuando eso se convierte en una práctica sistemática, se pone en riesgo su liquidez, su capacidad para invertir, mantener el empleo e incluso continuar con su actividad. Por eso necesitamos que la lucha contra la morosidad sea una cuestión prioritaria para todas las formaciones políticas”, señala Cañete.
Por otro lado, la organización recuerda que la aprobación de un régimen sancionador contra la morosidad ya ha quedado truncada en dos ocasiones en España, por lo que reclama que vuelva a abordarse de forma prioritaria durante la próxima legislatura. Paralelamente, destaca que la propuesta de Reglamento Europeo contra la Morosidad continúa actualmente su procedimiento legislativo en la Unión Europea. “España no puede permanecer a la espera de que termine la negociación europea mientras miles de proveedores continúan cobrando fuera de plazo. Debemos avanzar ya con una legislación nacional eficaz. Cuando llegue el Reglamento Europeo, que lo hará, tendremos buena parte del recorrido hecho y nuestras empresas estarán mejor preparadas para cumplirlo”, sostiene Cañete.
La factura electrónica supone, además, a juicio de la PMcM, una oportunidad para cambiar el modelo de control. La información sobre la emisión de una factura, su vencimiento y la fecha efectiva de pago permitirá identificar comportamientos reiterados sin que la aplicación de la ley dependa de que una pyme o un autónomo tenga que denunciar a uno de sus principales clientes, con el riesgo comercial que ello puede implicar.
Los datos confirman que el problema sigue sin resolverse
La PMcM constata que la situación de los pagos en España demuestra la necesidad de que estas medidas formen parte del debate electoral. Su Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2025, publicado en 2026, refleja que el plazo medio de pago aumentó durante el pasado ejercicio hasta alcanzar 70 días en las Administraciones Públicas y 67 días en el sector privado, frente a los máximos legales de 30 y 60 días, respectivamente. Además, el 85% de las grandes empresas supera el plazo legal de pago y los subcontratistas cobran de sus contratistas principales a una media de 87 días.
El estudio evidencia asimismo las dificultades que tienen los proveedores para ejercer los derechos que ya les reconoce la legislación: el 89% asegura que nunca o casi nunca reclama los intereses de demora a sus clientes morosos. Al mismo tiempo, el 91% de los encuestados considera necesario implantar un régimen sancionador que garantice el cumplimiento efectivo de los plazos.
“Las cifras demuestran que no necesitamos volver a discutir cuál debe ser el plazo de pago, porque eso ya está establecido. Lo que necesitamos es conseguir que la ley se cumpla. Incumplir sistemáticamente los plazos no puede seguir saliendo gratis”, subraya Cañete.
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