Antoni Cañete lamenta que, mientras los informes Letta y Draghi abogan por una mayor armonización normativa a través de reglamentos en lugar de directivas para reforzar el mercado único y la competitividad europea, Europa renuncie a un reglamento clave para las pymes

La PMcM considera incomprensible e inexplicable que los Estados miembros no alcancen un consenso en los próximos seis meses para desbloquear el Reglamento y evitar que años de trabajo contra la morosidad queden en papel mojado

Advierte de que la posible retirada del Reglamento deja desprotegidas a cerca de 34 millones de empresas, mayoritariamente pymes y autónomos, en la Unión Europea, en un contexto de empeoramiento de los plazos de pago, elevados tipos de interés y alta inflación, y recuerda que, como ya advirtió la propia Ursula von derLeyen, la morosidad está detrás de una de cada cuatro quiebras empresariales

Madrid, 17 de noviembre de 2026. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha expresado su firme rechazo a la decisión de la Comisión Europea de incluir la propuesta de Reglamento contra la Morosidad entre las iniciativas legislativas que prevé retirar en su Programa de Trabajo para 2027. La organización considera que este planteamiento responde a las presiones ejercidas por grandes lobbies empresariales y algunos Estados miembros y advierte de que su retirada supondría un grave retroceso en la protección de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como en los esfuerzos europeos por garantizar unas condiciones de competencia justas y equilibradas.

En este sentido, la PMcM recuerda que el Parlamento Europeo, la única institución europea elegida directamente por sufragio universal, ya aprobó la propuesta de Reglamento en el pleno de abril de 2024 y que, desde entonces, la iniciativa ha quedado bloqueada en el Consejo de la UE.

Para la PMcM, la posible retirada de esta iniciativa representa una oportunidad perdida para corregir algunos de los principales problemas estructurales que afectan al tejido empresarial europeo, como los plazos de pago abusivos, la indefinición de determinadas disposiciones normativas y los desequilibrios en las relaciones comerciales. El Reglamento habría permitido reforzar el cumplimiento efectivo de los plazos legales de pago y establecer mecanismos de control para evitar que las empresas proveedoras continuaran soportando retrasos que comprometen su liquidez y capacidad de crecimiento.

“La liquidez es el oxígeno de las empresas. Sin ella, incluso negocios viables y competitivos pueden verse abocados al cierre. No podemos permitir que miles de pymes se queden sin oxígeno porque otras empresas incumplen sus obligaciones de pago”, advierte el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, quien también preside Pimec y ostenta la vicepresidencia de las pymes europeas (SME United).

En este sentido, la organización considera especialmente preocupante y contradictorio que la Comisión Europea renuncie a esta iniciativa cuando los informes Letta y Draghi han puesto de manifiesto la necesidad de avanzar hacia una mayor armonización normativa para fortalecer el mercado único y la competitividad europea, priorizando los reglamentos frente a las directivas para garantizar unas reglas de juego comunes y evitar la fragmentación regulatoria entre los Estados miembros. La PMcMlamenta que, mientras Europa reconoce la necesidad de avanzar hacia un marco normativo más homogéneo y eficaz, la Comisión abandone precisamente un reglamento que habría permitido establecer las mismas obligaciones en materia de plazos de pago para todas las empresas de la Unión Europea.

“Resulta incomprensible que, después de años de trabajo de las instituciones europeas para combatir la morosidad, la Comisión renuncie a una solución que permitiría proteger a millones de pequeñas empresas. Europa no puede seguir proclamando su compromiso con las pymes mientras sus decisiones legislativas avanzan en sentido contrario”, lamenta Antoni Cañete.

La plataforma advierte, además, de que esta decisión llega en un contexto de empeoramiento de los plazos de pago en Europa, una realidad constatada tanto por los informes de la propia Comisión Europea como por el Observatorio Europeo de Pagos. Esta situación agrava los problemas de liquidez de las empresas, limita su capacidad para invertir, contratar trabajadores, innovar y crecer y, lo que es todavía más grave, pone en riesgo su propia viabilidad. En este sentido, la PMcM recuerda que la propia Comisión Europea ha reconocido que la morosidad está relacionada con una de cada cuatro quiebras empresariales en la Unión Europea, lo que pone de manifiesto las graves consecuencias económicas y sociales de los retrasos en los pagos.

Por otra parte, la PMcM alerta de que la retirada del Reglamento contribuirá a mantener los desequilibrios de poder de negociación que existen en numerosas relaciones comerciales. En particular, denuncia que muchas pymes se ven obligadas a aceptar condiciones de pago impuestas por clientes de mayor tamaño para no perder contratos o poner en riesgo su continuidad comercial. “La libertad contractual no puede utilizarse como argumento para justificar situaciones de abuso. Una pyme que depende de un gran cliente no siempre puede rechazar un plazo de pago excesivo sin poner en peligro su actividad”, sostiene Cañete.

La PMcM denuncia que la verdadera burocracia es la que soportan las pymes para conseguir cobrar sus facturas

La PMcM rechaza también los argumentos esgrimidos por algunos Estados miembros que, bajo el pretexto de evitar nuevas cargas burocráticas, costes administrativos y la creación de organismos de supervisión, han cuestionado la necesidad del Reglamento. La organización advierte de que la verdadera burocracia es la que soportan cada día millones de pymes europeas para conseguir cobrar por los bienes y servicios que ya han prestado, mediante innumerables gestiones, reclamaciones y procedimientos judiciales que consumen tiempo, recursos y competitividad.

En este sentido, recuerda que las empresas europeas dedican una media de casi diez horas semanales a perseguir pagos atrasados. “No se puede hablar de simplificación administrativa mientras se obliga a millones de pequeñas empresas a destinar sus recursos a reclamar lo que legítimamente les corresponde. La verdadera simplificación empieza por garantizar que las facturas se paguen a tiempo”, denuncia Antoni Cañete.

Ante este escenario, la PMcM insta a los Estados miembros a intensificar las negociaciones en el seno del Consejo de la UE y alcanzar un acuerdo que permita preservar el Reglamento contra la Morosidad. La plataforma considera imprescindible que las instituciones europeas mantengan su compromiso con la lucha contra la morosidad y garanticen un marco normativo común, con mecanismos de supervisión y un régimen sancionador eficaz y disuasorio que asegure el cumplimiento efectivo de los plazos legales de pago.

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