- La PMcM pide que, en paralelo a la adaptación de la nueva normativa concursal europea, se refuercen y coordinen los mecanismos ya existentes contra la morosidad, se garantice su aplicación efectiva y se vinculen a una política de prevención temprana de las dificultades financieras, para evitar así que los problemas de liquidez deriven en insolvencia.
- Según el Observatorio Europeo, el 31% de los encuestados indicó que la demora en los pagos amenaza la supervivencia de su negocio, lo que ilustra la gravedad del problema y cómo las dificultades financieras causadas por la demora en los pagos pueden conducir a quiebras.
- El Informe de Plazos de Pago 2025 de la PMcM estima que el sector privado paga de media a 67 días y que solo el 15 % afirma que sus grandes clientes cumplen el plazo legal
- La Comisión Europea ha lanzado una consulta pública sobre el proyecto de nuevas Directrices sobre ayudas estatales para el rescate y la reestructuración de empresas no financieras en dificultades, que permanecerá abierta hasta el próximo 4 de septiembre de 2026.
- La Plataforma reclama un régimen sancionador eficaz y pide que las políticas de rescate y reestructuración protejan también a las pymes y autónomos proveedores
Madrid, 7 de agosto de 2026.- La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) reclama que el cumplimiento efectivo de los plazos de pago ocupe un lugar central en las políticas de prevención de insolvencias. Ante la nueva armonización europea de determinados aspectos del derecho concursal, la Plataforma advierte de que mejorar la gestión de las empresas que ya atraviesan dificultades y otorgar ayudas para el rescate será insuficiente si no se actúa previamente sobre factores que deterioran su liquidez y pueden precipitar su entrada en insolvencia, como los retrasos reiterados en el cobro de sus facturas.
La Directiva (UE) 2026/799 armoniza determinados aspectos de las legislaciones concursales de los Estados miembros, entre ellos las acciones revocatorias, el rastreo de activos, los procedimientos de venta pre-pack, las obligaciones de los administradores, la participación de los acreedores y la transparencia de las normativas nacionales. España deberá adaptar su ordenamiento jurídico a estas disposiciones antes del 22 de enero de 2029.
Para la PMcM, este proceso representa una oportunidad para recordar que una política concursal eficaz no debe limitarse a ordenar la reestructuración o liquidación de las compañías cuando el problema ya se ha producido, sino que debe acompañarse de medidas capaces de evitar que empresas económicamente viables entren en dificultades por no cobrar a tiempo.
Los datos del Estudio Plazos de Pago en España 2025, publicado por la PMcM, reflejan la persistencia del problema. El informe estima que el plazo medio de pago del sector privado se situó en 67 días, tres más que en 2024 y por encima del máximo legal de 60 días. El 67 % de los encuestados identifica a las grandes empresas como el tipo de cliente que más tarda en pagar y solo el 15 % afirma que sus clientes de mayor tamaño abonan las facturas dentro del plazo permitido por la ley.
“La insolvencia no comienza necesariamente el día en que una empresa solicita el concurso de acreedores. En muchas ocasiones empieza meses antes, cuando deja de cobrar sus facturas en plazo, pierde liquidez y se ve obligada a financiar una actividad que ya ha realizado. Europa está mejorando los mecanismos para gestionar las insolvencias, pero es necesario actuar también sobre las circunstancias que pueden provocarlas. La mejor reforma concursal es evitar que una empresa viable tenga que acudir al concurso por culpa de los retrasos en los pagos”, afirma Antoni Cañete, presidente de la PMcM.
Evitar que la falta de liquidez destruya empresas viables
La Plataforma advierte de que cada factura pagada fuera de plazo incrementa el riesgo de tensión de tesorería, especialmente entre pymes y autónomos, que cuentan con menor capacidad financiera para soportar demoras prolongadas. Esta situación puede obligarlos a recurrir al crédito para cubrir gastos, pagar nóminas, mantener su actividad o atender sus propias obligaciones con proveedores y administraciones.
El presidente de la PMcM explica que la morosidad “no solo perjudica a quien la sufre directamente, porque el retraso en los pagos pone en dificultades financieras no solo a uno sino a todos los proveedores de la cadena, generando un efecto cascada en la economía”. Según el Informe Anual 2025 del Observatorio de Pagos de la Unión Europea, el 31% de las empresas europeas reconoce haber retrasado sus propios pagos porque a ellas mismas les pagan tarde. Este fenómeno revela hasta qué punto la cultura del pago tardío se ha extendido en Europa y especialmente en los países con mayores desequilibrios en la cadena de pagos, como es el caso de España.
El informe de la PMcM constata este impacto financiero: ante una necesidad de liquidez, el 71 % de las empresas consultadas recurriría en primer lugar a financiación externa. Además, el 60 % declara tener contratos o acuerdos comerciales en los que sus clientes les exigen plazos de pago superiores a los 60 días permitidos, mientras que un 33 % afirma verse obligado a aceptar cláusulas abusivas relacionadas con los plazos, los intereses de demora o los costes de cobro.
La dificultad para ejercer los derechos reconocidos por la legislación también evidencia el desequilibrio existente entre clientes y proveedores. El 89 % de los encuestados nunca o casi nunca reclama intereses de demora y el 94 % no exige la indemnización legal de 40 euros por costes de recobro. Para la PMcM, estos datos muestran que el reconocimiento formal de los derechos del acreedor no es suficiente cuando este teme perder al cliente o carece de capacidad para afrontar una reclamación.
“No tiene sentido reforzar los mecanismos para gestionar las quiebras mientras se tolera que miles de pymes y autónomos financien involuntariamente a sus clientes mediante pagos fuera de plazo. Cuando una empresa tiene que pedir financiación para compensar una factura que debería haber cobrado, quien cumple termina asumiendo el coste financiero de quien incumple”, subraya Cañete.
Por ello, la PMcM reclama el futuro Reglamento europeo contra la morosidad, que continúa en proceso en el Consejo Europeo, e insiste en que es necesaria “la implantación de un régimen sancionador efectivo, acompañado de mecanismos reales de vigilancia y control que impidan imponer plazos y cláusulas contrarios a la normativa”. Esta reivindicación cuenta con un amplio respaldo entre las empresas consultadas: el 91 % considera necesario establecer un sistema de sanciones.
“Con una legislación más potente y favorable para los proveedores, se asegurarían los plazos de pago evitando una buena parte de las insolvencias”, indica Cañete. Según el Informe Anual 2025 del Observatorio de Pagos de la Unión Europea, el 31% de los encuestados indicó que la demora en los pagos amenaza la supervivencia de su negocio, lo que ilustra la gravedad del problema y cómo las dificultades financieras causadas por la demora en los pagos pueden conducir a quiebras. Mientras tanto, el 19% de los encuestados afirma que se les disuade de participar en la contratación pública, el 17% asegura que la demora en los pagos les hace reducir su personal o suspender la contratación, y el 6% informa que la demora en los pagos les disuade de participar en el comercio transfronterizo. Solo el 17% de los encuestados afirma que la demora en los pagos no afecta a sus negocios.
La Plataforma sostiene que, mientras incumplir resulte más rentable que pagar dentro del plazo legal, la morosidad continuará funcionando como una vía de financiación gratuita para quienes retrasan los pagos. Por ello, pide que, en paralelo a la adaptación de la nueva normativa concursal europea, se refuercen y coordinen los mecanismos ya existentes contra la morosidad, se garantice su aplicación efectiva y se vinculen a una política de prevención temprana de las dificultades financieras, para evitar así que los problemas de liquidez deriven en insolvencia.
Prevenir antes de recurrir al rescate
En paralelo a la armonización de las normas concursales, la Comisión Europea ha abierto hasta el 4 de septiembre de 2026 una consulta pública sobre las nuevas Directrices relativas a las ayudas estatales para el rescate y la reestructuración de empresas no financieras en dificultades.
Para la PMcM, esta revisión refuerza la necesidad de actuar antes de que los problemas de liquidez obliguen a una empresa viable a recurrir a una reestructuración o a medidas de apoyo. Los retrasos reiterados en los pagos pueden deteriorar la tesorería, agravar las dificultades financieras y extender sus efectos a toda la cadena de proveedores.
“Los instrumentos de rescate y reestructuración pueden ser necesarios cuando una empresa ya atraviesa dificultades, pero la prioridad debe ser evitar que llegue a esa situación por no cobrar sus facturas en plazo, porque, sin duda, combatir la morosidad constituye una medida esencial para prevenir que los problemas financieros se agraven y para salvar empresas y puestos de trabajo”, concluye Antoni Cañete, presidente de la PMcM.
Más información y acceso a la consulta pública de la Comisión Europea aquí.
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