Madrid, 17 de septiembre de 2026.- La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) quiere reconocer y agradecer expresamente a la Comisión Europea su implicación en la lucha contra la morosidad y los avances que está impulsando para reforzar la protección de empresas, pymes y autónomos frente a los retrasos en los pagos. En este sentido, la Plataforma valora especialmente que la propuesta de nuevo Reglamento de Contratación Pública incorpore el pago puntual y el pago directo a los subcontratistas, así como la apuesta de la Comisión por sustituir las actuales directivas de contratación pública por un único reglamento directamente aplicable en toda la Unión Europea, favoreciendo una mayor homogeneidad y seguridad jurídica.
La PMcM considera que la Comisión Europea avanza en la dirección adecuada y quiere contribuir de forma constructiva a reforzar la propuesta durante su tramitación. En particular, considera imprescindible garantizar que el cumplimiento de los plazos de pago alcance de manera efectiva a toda la cadena de contratación y no dependa de decisiones discrecionales de cada Administración, de forma que las garantías de pago lleguen también a proveedores y subcontratistas.
La propuesta europea establece que los compradores públicos deberán garantizar el pago puntual a contratistas y, cuando proceda, subcontratistas. Además, contempla que, a petición del subcontratista y cuando la naturaleza del contrato lo permita, la Administración deba abonarle directamente los importes debidos por los trabajos, suministros o servicios prestados al contratista principal.
“Es un avance muy relevante que Europa refuerce la protección de quienes están al final de la cadena y reconozca el pago directo a los subcontratistas. Es precisamente una medida que desde la PMcM venimos reclamando porque no basta con que la Administración pague al adjudicatario principal: el dinero tiene que llegar en plazo a las pymes y autónomos que han ejecutado realmente el contrato”, afirma Antoni Cañete, presidente de la PMcM. Además, “sería interesante valorar la posibilidad de que esta petición del subcontratista sea confidencial, para evitar abusos por parte del contratista”, añade.
El dinero público debe recorrer toda la cadena
La PMcM considera, sin embargo, que uno de los principales puntos de la propuesta debe mejorarse. El texto permite que las Administraciones establezcan como condición de ejecución que los contratistas trasladen a la cadena de suministro condiciones de pago equivalentes a las previstas por la normativa europea contra la morosidad, pero lo plantea como una posibilidad y no como una obligación.
La PMcM reclama por ello que esta disposición pase a ser obligatoria, de manera que los plazos y garantías de pago se respeten en todos los eslabones de la contratación pública. También pide concretar los supuestos en los que puede aplicarse el pago directo al subcontratista, evitar que las objeciones del contratista principal puedan utilizarse para demorar injustificadamente el cobro y establecer un procedimiento sencillo, rápido y homogéneo.
“Una Administración que paga puntualmente al contratista principal pero permite que este pague tarde a sus subcontratistas no ha eliminado la morosidad, simplemente la ha desplazado. El dinero público debe recorrer toda la cadena con las mismas garantías de pago”, sostiene Cañete.
Los datos de la propia PMcM evidencian la dimensión del problema. Su último Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2025 sitúa en 70 días el periodo medio de pago de las Administraciones Públicas, frente al máximo legal de 30 días, y eleva hasta 87 días el plazo medio en el que los contratistas principales pagan a sus subcontratistas. El estudio señala además que el 60% de los proveedores sufrió la imposición de plazos superiores a los permitidos legalmente.
Precisamente, antes de conocerse la nueva propuesta comunitaria, la PMcM ya había planteado que las Administraciones Públicas pudieran pagar directamente a los subcontratistas para aportar mayor liquidez y agilidad a la cadena de pagos.
La Plataforma pide asimismo aprovechar el nuevo sistema europeo de datos de contratación, que recopilará información sobre el estado de los pagos, subcontratistas y pagos individuales, para disponer de datos públicos, comparables y actualizados que permitan identificar a las Administraciones que incumplen de forma sistemática.
La PMcM considera además que esta reforma debe avanzar de forma coherente con el Reglamento Europeo contra la Morosidad (COM(2023) 533), cuya tramitación continúa abierta y que, tras la posición adoptada por el Parlamento Europeo, permanece a la espera de la posición del Consejo en primera lectura. La Plataforma confía en el desbloqueo de esta norma y en la incorporación de un régimen sancionador realmente disuasorio. En mayo, Antoni Cañete trasladó directamente esta reivindicación a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
“Europa tiene ahora la oportunidad de cerrar el círculo: unas reglas de contratación pública que impidan trasladar la morosidad a los subcontratistas y un Reglamento contra la Morosidad con mecanismos de control y sanciones capaces de hacer cumplir los plazos. Sin obligatoriedad, control y consecuencias ante el incumplimiento, seguiremos teniendo buenas normas que no consiguen cambiar las prácticas de pago”, concluye Cañete.
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