Madrid, 29 de mayo de 2026.- Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), ha celebrado un encuentro privado con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, en el que le ha trasladado la importancia de combatir la morosidad como una de las principales amenazas para la liquidez, la competitividad y la viabilidad de miles de pymes y autónomos en España y en el conjunto de la Unión Europea.
Durante la reunión, Cañete, que también es presidente de PIMEC y vicepresidente de SME United, subrayó que la lucha contra la morosidad debe seguir ocupando un lugar prioritario en la agenda comunitaria. En este sentido, y tras los encuentros mantenidos previamente con Manfred Weber —presidente del Partido Popular Europeo (PPE)—, Iratxe García Pérez —presidenta del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo— y Teresa Ribera Rodríguez —vicepresidenta primera y comisaria de Competencia de la Comisión Europea—, la PMcM agradeció que la Unión Europea haya decidido mantener esta cuestión dentro de su programa de prioridades. Asimismo, Cañete valoró positivamente el compromiso manifestado por la presidenta Von der Leyen de trabajar con los Estados miembros para alcanzar los consensos necesarios que permitan avanzar hacia una norma clara y eficaz para erradicar esta práctica.
“Trasladar directamente a la presidenta de la Comisión Europea la realidad que sufren miles de pymes y autónomos por culpa de la morosidad es una oportunidad de enorme relevancia institucional. Agradecemos profundamente la sensibilidad y el compromiso de Ursula von der Leyen con un problema que afecta al corazón de la economía productiva europea”, afirma Cañete.
El presidente de la PMcM insistió en que la morosidad no es solo una cuestión administrativa o financiera, sino un problema estructural que obliga a muchas pequeñas empresas a actuar como financiadoras involuntarias de grandes compañías y administraciones. “No podemos normalizar que quienes cumplen, trabajan y generan valor tengan que soportar retrasos sistemáticos en los pagos. La morosidad destruye liquidez, frena inversiones, limita el crecimiento y castiga especialmente a quienes tienen menor capacidad financiera”, señala.
España, ante una oportunidad para corregir una anomalía normativa
La PMcM recuerda que la Comisión Europea ha abierto un nuevo procedimiento de infracción contra España por no ajustar su normativa a las normas comunes sobre morosidad y a la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la puntualidad de los pagos en el sector minorista. Para la entidad, este expediente confirma una reivindicación histórica: adaptar de forma expresa la Ley de Ordenación del Comercio Minorista —LORCOMIN— a la Ley de Morosidad para cerrar cualquier interpretación que permita pactar aplazamientos superiores al máximo legal.
“El anuncio de la Comisión Europea nos da la razón en una cuestión que venimos denunciando desde hace años: no puede existir ninguna vía legal, contractual o financiera que permita superar el plazo máximo de pago establecido por la Ley de Morosidad”, explica Cañete. “Celebramos que Bruselas actúe, pero lamentamos profundamente que España haya tenido que llegar a esta situación por no haber cerrado antes una ambigüedad normativa que perjudica especialmente a los proveedores más pequeños”.
La PMcM reclama al Gobierno de España que aproveche este requerimiento europeo para corregir con urgencia las deficiencias de la legislación nacional sobre plazos de pago en el sector minorista. A juicio de la entidad, mantener zonas grises en la normativa genera inseguridad jurídica y permite prácticas incompatibles con una cultura empresarial justa, competitiva y respetuosa con pymes, autónomos y subcontratistas.
Cañete también recuerda que las administraciones públicas deben ser las primeras en dar ejemplo. Según el último informe de la PMcM, el periodo medio de pago del sector público aumentó tres días en 2025, hasta alcanzar los 70 días, más del doble del plazo legal de 30 días aplicable a las Administraciones Públicas. “Si el sector público incumple, pierde autoridad para exigir al sector privado que cumpla. La ejemplaridad institucional es imprescindible para cambiar de verdad la cultura de pagos en España”, sostiene el presidente de la Plataforma.
El informe de la PMcM también constata que la morosidad continúa siendo un problema estructural en el ámbito privado. Durante 2025, el plazo medio de pago del sector privado aumentó tres días, hasta situarse en 67 días, por encima del límite legal de 60. Además, el estudio vuelve a señalar a las grandes empresas como el eslabón con peor comportamiento en materia de pagos.
Según los datos del informe, para el 67% de los encuestados, el tipo de cliente que más tarda en pagar es la gran empresa, entendida como aquella con una facturación superior a 50 millones de euros. Asimismo, el 85% afirma que las grandes compañías rebasan el plazo legal: el 38% asegura que pagan a más de 90 días y el 47% indica que lo hacen entre 60 y 90 días. Solo el 15% afirma cobrar de las grandes empresas dentro del plazo legal.
“Los datos son contundentes: el problema no está en las empresas más pequeñas, sino en una brecha de comportamiento según el tamaño de empresa. Las pymes y los autónomos no pueden seguir soportando que quienes tienen mayor capacidad financiera impongan en la práctica condiciones de pago que tensionan toda la cadena de valor”, subraya Cañete.
Un Reglamento Europeo con sanciones efectivas
La PMcM insiste en que la verdadera palanca para reducir los plazos de pago pasa por la existencia de un régimen sancionador eficaz. Por ello, la Plataforma expresa su confianza en que continúe avanzando la tramitación del nuevo Reglamento Europeo contra la Morosidad —Reglamento COM(2023) 533—, actualmente en fase de debate en el Consejo Europeo y que fue anteriormenteaprobado por el Parlamento Europeo con más del 70%.
Cañete trasladó a Von der Leyen su preocupación por las dificultades que están ralentizando el consenso entre Estados miembros, derivadas de las diferencias económicas y culturales entre países. No obstante, pidió sensibilidad para corregir un problema estructural que golpea con mayor intensidad a las empresas más pequeñas.
En respuesta, Von der Leyen señaló que los plazos de pago aplicados por determinadas empresas resultan injustificables y trasladó su voluntad de trabajar, como prioridad, en la búsqueda de los consensos necesarios para avanzar hacia una norma clara y eficaz que permita resolver este problema.
“El futuro Reglamento Europeo contra la Morosidad debe ser una herramienta ambiciosa, clara y de obligado cumplimiento. Sin sanciones, la ley pierde capacidad disuasoria. Y sin capacidad disuasoria, la morosidad se convierte en una ventaja competitiva injusta para quien incumple”, afirma el presidente de la PMcM.
Según explica Cañete, el futuro Reglamento contempla sanciones para las empresas morosas que superen el plazo general de pago fijado en 30 días, o de 60 días en aquellos supuestos en los que exista necesidad de periodo de certificación. Para la PMcM, esta norma debe servir para eliminar ambigüedades, reforzar los mecanismos de control y garantizar que el cumplimiento de los plazos de pago sea una obligación real en toda la Unión Europea.
“La lucha contra la morosidad es una cuestión de justicia económica. Europa no puede construir competitividad sobre la base de que las empresas más pequeñas financien a las más grandes. Por eso pedimos a los Estados miembros altura de miras, responsabilidad y compromiso con una norma que puede marcar un antes y un después para millones de pymes europeas”, concluye Cañete.
Sobre la PMcM
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) agrupa a entidades estatales, autonómicas y sectoriales, que en conjunto representan a cerca de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros- y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos (www.pmcm.es). Asimismo, la PMcM tiene reconocida en la propia Ley 15/2010 su legitimación activa en este ámbito.
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