Madrid, 30 de abril de 2026.- La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) reclama al Gobierno de España que corrija con urgencia las deficiencias de la legislación nacional sobre plazos de pago en el sector minorista, después de que la Comisión Europea haya abierto un nuevo procedimiento de infracción contra España por no ajustar su normativa a las normas comunes sobre morosidad y a la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la puntualidad de los pagos.
Para la PMcM, el expediente de Bruselas confirma una reclamación histórica de la entidad: adaptar de forma expresa la Ley de Ordenación del Comercio Minorista (LORCOMIN) a la Ley de Morosidad para acabar con cualquier interpretación que permita pactar aplazamientos de pago superiores al máximo legal. La PMcM considera que el Gobierno debe aprovechar este requerimiento europeo para cerrar una anomalía normativa que durante años ha generado inseguridad jurídica y ha permitido prácticas incompatibles con una cultura empresarial justa, competitiva y respetuosa con pymes y autónomos.
“El anuncio de la Comisión Europea nos da la razón en una cuestión que venimos denunciando desde hace años: no puede existir ninguna vía legal, contractual o financiera que permita superar el plazo máximo de pago establecido por la Ley de Morosidad”, afirma Antoni Cañete, presidente de la PMcM. “Celebramos que Bruselas actúe, pero lamentamos profundamente que España haya tenido que llegar a esta situación por no haber cerrado antes una ambigüedad normativa que perjudica especialmente a los proveedores más pequeños”.
La PMcM recuerda que la Ley 3/2004, modificada por la Ley 15/2010 y por la Ley 18/2022, establece un plazo máximo imperativo de 60 días naturales en las operaciones comerciales, sin posibilidad de pacto en contrario. Sin embargo, el artículo 17 de la LORCOMIN mantiene referencias a aplazamientos superiores a 60, 90 o incluso 120 días bajo determinadas condiciones instrumentales, como documentos con acción cambiaria, endoso, aval o seguro. A juicio de la Plataforma, esta redacción debe corregirse de forma expresa para evitar que pueda utilizarse como cobertura de plazos abusivos.
Tres reformas inmediatas para cumplir con Europa y proteger a los proveedores
La PMcM recomienda al Gobierno, en primer lugar, modificar de forma urgente la LORCOMIN para eliminar cualquier referencia que permita interpretar que proveedor y comprador pueden pactar aplazamientos superiores a 60 días. En concreto, la Plataforma considera imprescindible suprimir o reformular los apartados que mantienen esa posibilidad y dejar claro que ningún acuerdo entre las partes puede ampliar el plazo máximo previsto en la Ley de Morosidad.
En segundo lugar, la PMcM reclama que la reforma incluya una cláusula expresa de nulidad de pleno derecho para cualquier pacto, condición contractual o práctica comercial que supere el plazo legal, con independencia del instrumento utilizado para documentar o financiar el pago. “El confirming puede ser un instrumento financiero, pero no puede convertirse en una coartada para legitimar pagos fuera de plazo ni para desplazar al acreedor el coste de la financiación del comprador”, subraya Cañete. “La ley debe ser inequívoca: si el plazo supera los 60 días, el pacto es nulo y debe tener consecuencias”.
En tercer lugar, la Plataforma pide acompañar la reforma normativa de un sistema efectivo de control, inspección y sanción. Según Cañete, “el problema de la morosidad en España no se explica solo por la existencia de normas ambiguas, sino también por la falta de enforcement administrativo generalizado y por el desequilibrio estructural de poder contractual entre grandes compradores y proveedores”. Por ello, recomienda reforzar el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada —de la que forma parte la PMcM—, impulsar la transparencia real sobre los plazos de pago de las grandes empresas, garantizar que la información publicada sea actualizada y útil y avanzar hacia un régimen sancionador eficaz.
“Sin sanciones, la ley seguirá siendo una declaración de intenciones para demasiados operadores”, advierte Cañete. “España no necesita más diagnósticos; necesita aplicar la ley, eliminar las grietas normativas y proteger a quienes no pueden negociar en igualdad de condiciones”.
La PMcM considera necesario, además, extremar el control sobre las prácticas de pago en la gran distribución y en el comercio minorista de gran tamaño, donde identifica una asimetría contractual especialmente acusada. En estos ámbitos, los proveedores pueden verse obligados a aceptar plazos de 90, 120, 180 días o más, no como resultado de una verdadera libertad de negociación, sino por dependencia comercial y falta de alternativas reales. La Plataforma reclama también vigilar el uso de instrumentos financieros que puedan encubrir aplazamientos contrarios a la normativa, ya que ningún mecanismo de financiación debe alterar la obligación principal del comprador: pagar dentro del plazo legal.
Un problema estructural que confirman los datos de 2025
La reacción de la PMcM se produce pocas semanas después de la publicación de su Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2025, que vuelve a constatar que la morosidad continúa siendo un problema estructural en España y golpea con especial intensidad a pymes, autónomos y subcontratistas. Según el informe, durante 2025 el plazo medio de pago del sector privado aumentó tres días, hasta situarse en 67 días, por encima del límite legal de 60. En el sector público, el periodo medio de pago también creció tres días, hasta alcanzar los 70 días, más del doble del plazo legal de 30 días aplicable a las Administraciones Públicas.
El estudio refleja, además, que el 85% de las grandes empresas supera los plazos legales de pago, frente a solo un 15% que paga dentro del límite establecido, cuando el año anterior lo hacía el 26%. La situación es especialmente grave en la subcontratación, donde los subcontratistas cobran de media a 87 días. Para la PMcM, estos datos evidencian que la reforma de la LORCOMIN no puede abordarse como una cuestión técnica aislada, sino como una pieza esencial dentro de una estrategia más amplia contra la morosidad.
“El Informe de Plazos de Pago 2025 demuestra que la morosidad no es un problema puntual, sino una práctica estructural que se agrava cuando no hay consecuencias”, señala Cañete. “Cuando una gran empresa paga tarde, está financiándose a costa de sus proveedores. Y cuando esos proveedores son pymes o autónomos, el impacto puede ser devastador”.
La PMcM recuerda que el informe también constata la persistencia de condiciones abusivas: el 60% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes públicos o privados que imponían plazos superiores a los permitidos por la Ley 3/2004; el 89% afirma que nunca o casi nunca reclama intereses de demora, y el 94% no exige la indemnización legal por costes de recobro. Para la Plataforma, estos datos reflejan el miedo a perder clientes y la falta de eficacia disuasoria del marco actual.
En paralelo, la Plataforma valora que la Comisión Europea haya decidido no continuar, por el momento, con las siguientes fases del procedimiento formal de infracción abierto en 2015 contra España por la morosidad del sector público. No obstante, advierte de que esta decisión no debe interpretarse como una relajación de las obligaciones de las Administraciones, ya que Bruselas seguirá vigilando los datos y estará pendiente de posibles empeoramientos.“El hecho de que la Comisión no avance ahora en el expediente del sector público no significa que el problema esté resuelto”, sostiene Cañete. “Las Administraciones siguen pagando, de media, muy por encima del plazo legal, y deben ser las primeras en dar ejemplo. Si el sector público incumple, pierde autoridad para exigir al sector privado que cumpla”.
Por todo ello, la PMcM insta al Gobierno a actuar antes de que el procedimiento abierto por Bruselas avance hacia nuevas fases. “La respuesta del Gobierno debe ser rápida, clara y ambiciosa”, concluye Cañete. “No basta con contestar a Bruselas: hay que reformar la LORCOMIN, cerrar definitivamente la puerta a los pactos abusivos, vigilar el cumplimiento y sancionar a quien utilice la morosidad como forma de financiación”.
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