La Comisión Europea ha publicado un informe sobre la morosidad en las transacciones entre empresas, en el que deja patente que las sanciones administrativas a los plazos de pago por encima de los límites legales son un medio eficaz para apoyar la aplicación de la legislación.
En este sentido, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) denuncia que en España el régimen sancionador siga sine die parado en el Congreso de los Diputados, después de que ayer “PSOE y Ciudadanos lo ralentizaran”.
La Ley que comprende un sistema de multas de más de 800.000 euros para los que incumplan los plazos legales de pago en España parecía que iba a aprobarse antes del verano. Sin embargo, con el cambio de Gobierno las comisiones se disolvieron y se crearon otras con otros integrantes, retrasándose a septiembre. Debido a esto, “ya no se ha podido cumplir el compromiso de que el régimen sancionador esté en marcha este año”, responsabiliza el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.
Beneficios del régimen sancionador
Según el estudio que ha elaborado la Comisión Europea, que la Administración pueda sancionar directamente a las empresas evita que el acreedor asuma la responsabilidad de actuar contra el deudor, esto es, que se enfrente a su cliente. Es por ello que algunos países ya los utilizan de manera general o bien de manera sectorial.
Asimismo, la Comisión Europea recomienda además su publicación, para incrementar su efecto disuasorio y contribuir a la transparencia del sistema.
Para el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, el régimen sancionador es “la única manera de conseguir un mayor cumplimiento del plazo de pago máximo de 60 días establecido por la Ley de lucha contra la morosidad; con las sanciones se evitarían muchos de los malos hábitos de pago que existen en nuestro país, acabando con las prácticas abusivas de imponer plazos de pago leoninos”.
Otras recomendaciones de la UE para reducir la morosidad
La Comisión Europea ofrece en su análisis diferentes estrategias para actuar contra la morosidad en los diversos Estados miembro. Entre las medidas preventivas propone el endurecimiento de los términos legales que afecten a los pagos, especialmente en los sectores más vulnerables, y la creación de organismos de observación, seguimiento y control de las prácticas de pago, tal como un Observatorio de la Morosidad.
Como medidas correctivas, considera de especial importancia, además de la implantación de un régimen sancionador, la existencia de sistemas alternativos a la mediación de conflictos, ágiles y baratos.
Finalmente el informe de la Comisión Europea aboga por tomar iniciativas que ayuden al cambio de la cultura empresarial en materia de plazos de pago. En este sentido, los Códigos de Buenas Prácticas, la inclusión de los plazos de pago a proveedores como un aspecto más de la Responsabilidad Social Corporativa y la formación de nuestros empresarios en la gestión del crédito.
Puede leer el informe de la Comisión Europea en este enlace:
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