• La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha estimado la situación de la morosidad en España a través de un sistema de encuesta a sus organizaciones asociadas y ajenas en enero de 2022, obteniéndose más de 500 respuestas.
  • El plazo medio de pago del sector privado en 2022 es de  67 días, una cifra inferior en 5 días a la estimación efectuada para 2021, aún lejos de los 60 días que establecidos por la Ley 15/2010.
  • Las empresas que más tardan en pagar son las grandes (55%). Solo un 26% de ellas pagan dentro del plazo legal.
  • El plazo medio de pago del sector público se cifra en 67 días, un registro superior en 6 días al que se estimó para 2021.
  • La ratio de morosidad de los encuestados (% de impagos respecto al total de facturación), se cifra en 2022 en el 5%, ligeramente superior  respecto al 4,8% del 2021.
  • El 81% no conoce la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas aprobada en septiembre de 2022.
  •  Los subcontratistas cobran de los contratistas principales a 100 días de media.
  • El 92% de los que habían solicitado alguna subvención pública por importe superior a 30.000€ después de octubre 2022, no ha tenido que aportar alguna certificación específica sobre sus plazos medios de pago.
  • El 94% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago; el 84% nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y al 61% se les imponen plazos de pago superiores a los permitidos por ley.
  • La expectativa con respecto a sus plazos de cobro en 2023 se mantiene invariable para el 65% de los encuestados.
  • Cuando se publique el listado de grandes empresas morosas, el 68% continuará aceptando ser proveedor de aquellas compañías incluidas en esa lista (que pagan fuera del plazo legal).
  • Si bien el conocimiento de la existencia de la actual legislación contra la morosidad es mayoritario (62% de los encuestados), sorprende que un 38% de las empresas aún desconozca que existe.
  • El 93% considera necesaria la implantación de un régimen sancionador.

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