En junio, la Generalitat Valenciana pagará las facturas a las farmacias con un mes de retraso y lo atribuye a la falta de aprobación del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) 

 

  • Esta situación agravará la falta de liquidez de las farmacias valencianas, muchas de ellas ubicadas en pequeños pueblos, con una situación económica complicada. 

 

  • Esta demora en los pagos a un servicio tan esencial para el ciudadano como el sector sanitario y asistencial podría ser el preámbulo para que las Administraciones lo extiendan a otras actividades, afectando gravemente a las pymes.  

 

  • La PMcM advierte que el marco legal actual es “ineficaz por la falta de mecanismos de control y sanción”, y reclama su reforma urgente. 

 

Madrid, 24 de junio de 2025.- La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) denuncia que, una vez más y de forma preocupante, la Administración puede dejar de pagar sus facturas con total impunidad. Este nuevo caso de morosidad en España por parte de una Administración Pública afecta al sector farmacéutico de la Comunidad Valenciana, cuyo pago de las facturas del mes de junio se retrasará un mes, según ha anunciado la Generalitat debido a la no aprobación del FLA, Fondo de Liquidez Autonómico, por parte del Gobierno de España. Así pues, PMcM pone de relieve que la demora en estos pagos podría desestabilizar gravemente al sistema de salud y asistencial de los ciudadanos, además de perjudicar de manera importante a las farmacias de pequeños pueblos, con una situación económica complicada.  

Por ello, PMcM alerta del carácter estructural y generalizado de la morosidad en España motivado por las prácticas irregulares de algunas compañías y de las Administraciones Publicas. “El anuncio de retraso en los pagos de las farmacias de la Comunidad Valenciana es una irregularidad que se suma otras que podrían también estar realizando las Administraciones Públicas para dilatar el abono de sus facturas y alargar el plazo el límite legal para el pago, que es de 30 días naturales desde la recepción de la factura. Si en algo tan crítico para los ciudadanos como la asistencia farmacológica se anuncia un mes de demora en el pago de las facturas, ¿qué sucederá con el abono del resto de proveedores y subcontratas de las Administraciones? Algunas de estas entidades públicas ya estarían logrando retrasar el registro de las facturas a través de varias fórmulas, haciendo que el tiempo previo no compute legalmente y, por tanto, los plazos de pago puedan extenderse sin infringir la ley” asegura el presidente de la PMcM, Antoni Cañete. 

Aunque, según datos del Ministerio de Hacienda del mes de marzo, el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) en la Administración Central y en las Comunidades Autónomas se cifra en 22 días y el de las entidades locales alcanza los 30,41 días, el retraso en el registro de facturas o la reemisión de documentos con errores podría estar provocando una ampliación de los tiempos sin vulnerar formalmente la normativa, con un impacto negativo para las empresas proveedoras. Así, en su “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2024”, PMcM ha constatado que casi 4 de cada 5 proveedores de la Administración Regional (el 78%) asegura haber sufrido plazos de pago superiores al legalmente establecido, lo que pondría en entredicho los datos facilitados por el Ministerio. 

Este tipo de prácticas alterarían significativamente los tiempos de pago sin que queden reflejados en los registros oficiales. “Por ello, es urgente poner fin a este modus operandi de las Administraciones, que deben cumplir la ley”, advierte Antoni Cañete, presidente de la PMcM, quien también solicita “la implementación de modificaciones en el sistema de facturación electrónica (FACe) que impidan repetir este tipo de acciones”. 

Tanto la PMcM como el Observatorio de Pagos de la UE también señalan otro posible factor que explicaría la diferencia de datos con los oficinales del Ministerio de Hacienda: la reemisión de facturas debido a errores. “Como el cómputo del plazo de pago (el dies a quo) comienza con la emisión definitiva de la factura, este procedimiento reinicia el conteo cada vez que se remite una nueva versión. Esta fórmula consigue alargar los plazos de pago sin consecuencias legales, ya que el periodo anterior a la emisión definitiva no computa para el plazo de pago”, aclara Cañete. 

Comunidad Valenciana  

Este retraso en el pago de las facturas de farmacia de la Comunidad Valenciana del mes de junio puede ser el preámbulo para que las demoras en el abono de las facturas por parte de las Administraciones se extiendan a otras actividades económicas no tan esenciales. “Pagar tarde se ha institucionalizado entre la Administración Pública regional, ya que sería una forma encubierta de financiarse a costa de las pymes”, denuncia el presidente de la PMcM. En un país donde el 99,8% del tejido empresarial está formado por pequeñas y medianas empresas, esta situación supondría “una amenaza sistémica para su supervivencia”, asegura. 

A ello se sumaría la “ineficacia” del marco legal actual. En opinión de Cañete, la Directiva 2011/7/UE, que establece los plazos máximos de pago entre empresas y administraciones, “carece de mecanismos de supervisión y sanción efectivos. Las administraciones públicas, que deberían ser ejemplares, no siempre cumplen los plazos, y los controles sobre los pagos, previstos en la Ley de Contratos del Sector Público, son insuficientes o inexistentes”. 

 

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