• El ministro se ha comprometido a trasladar la iniciativa de la PMCM al Gobierno para detectar las empresas que no cumplen con los plazos de pago
  • Montoro también trabajará durante mayo en la propuesta de agilización del IVA no cobrado por parte de las empresas
  • El proceso completo de reforma de la normativa actual planteado por la PMcM permitiría disminuir la morosidad en todos los sectores económicos, localizar a las empresas incumplidoras y poder sancionar su comportamiento
  • Los estudios de la PMcM han constatado “una mejora de un 48% en el sector público durante los últimos cinco años, siendo en 2014 la primera vez que en España las administraciones públicas pagan a sus proveedores mejor que las empresas”
  • Este sistema se basaría en eliminar las ambigüedades legales, asegurar información fiable por parte de las empresas, elaborar un mecanismo que permita agregar información y localizar a los incumplidores e implantar un régimen sancionador

 

Madrid, 29 de abril de 2015.- La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha mantenido esta semana una reunión con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en la que el propio Cristóbal Montoro se ha comprometido a trasladar a los organismos competentes la propuesta de la entidad para detectar masivamente a empresas morosas.

En palabras del presidente de la PMcM, Antoni Cañete, “el ministro nos solicitó una propuesta y le hemos trasladado una totalmente posibilista, por lo que, teniendo en cuenta su compromiso de poner remedio a esta lacra en el sector privado, no teníamos ninguna duda de que el ministro se comprometiera en trabajar para implementarla”.

El proceso completo de reforma de la normativa actual planteado permitiría disminuir la morosidad en todos los sectores económicos, localizar a las empresas incumplidoras y sancionar su comportamiento. Este sistema se basaría en eliminar las ambigüedades legales, asegurar información fiable por parte de las empresas, elaborar un mecanismo que permita agregar información y localizar a los incumplidores e implantar un régimen sancionador.

En lo que se refiere en concreto al mecanismo de agregación de información sobre los plazos medios de pago (PMP), se trataría de “un sistema muy simple que permitiría, de manera automatizada, extraer información sobre los PMP incluidos en las memorias de las empresas, obteniendo así información masiva de los mismos en las compañías españolas”, explica Cañete.

Para ello, se proponen dos alternativas, que en cualquiera de los casos no sería más que de habilitar una casilla específica, que puede estar entre los datos generales de identificación (como sucede con la plantilla media), o en un formulario especial (como sucede con la información medioambiental o sobre acciones/participaciones propias). Sería incluir, o bien los datos sobre PMP a proveedores comerciales en la información a añadir en los modelos 02 y 03 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sobre la información a remitir por los auditores; o bienen el modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales.

Según el presidente de la PMcM, “este sistema acabaría con la situación de completo abuso que padecen muchas de nuestras pymes y autónomos; nuestros últimos análisis nos indican que en 2014 el 70% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley 15/2010”.

Propuesta para la agilización de la recuperación del IVA no cobrado

 

Durante su reunión con el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, la PMcM también hizo hincapié en la necesidad de agilizar la recuperación por parte de las empresas del IVA no cobrado. La valoración de la propuesta por parte de Cristóbal Montoro ha sido “muy positiva, ya que se ha comprometido a trabajarla durante mayo para tener el proyecto bien perfilado de cara a su reunión de junio con la Secretaría de Estado”, asegura el presidente de la entidad, Antoni Cañete.

 

La propuesta de la PMcM pretende “mitigar el efecto sobre la liquidez de pymes, microempresas y autónomos, que se produce por el retraso en el pago de facturas por parte de sus clientes, generado por la obligación de anticipar el  IVA no cobrado”, señala Cañete.

El procedimiento consiste en que el emisor emite su factura en el momento de realizar la operación con la repercusión del IVA correspondiente, que ingresa en la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT). Transcurrido un mes desde el cumplimiento del plazo máximo legal de pago sin que se haya producido el cobro de la factura, el emisor notificará este hecho a la AEAT en un modelo de declaración establecido al efecto. Simultáneamente, el emisor rectifica la factura emitida, anulando la repercusión del IVA.  En la declaración del IVA subsiguiente, el emisor se deducirá el IVA previamente ingresado.Desde este momento, el cliente del emisor pasa a ser deudor de AEAT por importe equivalente al IVA de la operación, teniendo que enviar la AEAT al cliente una liquidación del IVA incrementada con un cargo del 10%.

Entre otras ventajas de este sistema, destacan que seimplica a la Agencia Tributaria en el problema de la morosidad; que el recargo del 10% en la liquidación que emite la Agencia Tributaria penaliza el retraso en el pago del IVA por parte del cliente; que la liquidación del IVA con recargos al cliente evita el control de la rectificación del IVA soportado en el momento de recibir la factura rectificativa; y que este sistema no afecta a la deducibilidad del IVA soportado por parte del cliente a partir del momento en el que haya recibido la factura inicial. El recargo del 10% viene a compensar el perjuicio para la Administración Tributaria que se produce por el hecho que la deducción de IVA sea anterior a su ingreso.

La morosidad en cifras

Los impagos a proveedores han causado ya el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis, según datos de la PMcM. Transcurridos 10 años desde la promulgación de la Ley 3/2004 contra la Morosidad, y “pese a las numerosas modificaciones que se han realizado para reforzarla y adaptarla a la normativa europea, se constata su continuo incumplimiento e ineficacia para mejorar los plazos de pago en las operaciones comerciales en España, sobre todo en el sector privado”, detalla el presidente de la PMcM.

“Nuestros estudios han constatado una mejora de un 48% en el sector público durante los últimos cinco años, siendo en 2014 la primera vez que en España las administraciones públicas pagan a sus proveedores mejor que las empresas; este avance en el sector público se ha debido especialmente a que se han ido poniendo en marcha medidas sancionadoras; otras de inyección de liquidez (como fueron los planes de pago del Gobierno), y también algunas de control, como la factura electrónica”, aclara.

Asimismo, el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se ha ocupado de asegurar la financiación de los déficits presupuestados por las CC.AA., “lo cual no da lugar a impagos por parte de éstas a sus proveedores, un gesto que aplaudimos y agradecemos desde la PMcM”, destaca su presidente.  

Del último informe de la PMcM se desprende que el período de pago del sector público volvió a mejorar en 2014, esta vez en 29 días, reduciéndose un 26%, esto es, de 111 días en 2013 a 82 en 2014, cifra que aun así casi triplicaba el máximo legal (30 días). Por su parte, el plazo medio de pago del sector privado aumentó un 5% respecto al año anterior, pasando de 85 días en 2013 a 89 en 2014, frente a los 60 legales.

Sobre la PMcM

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) agrupa a entidades estatales, autonómicas y sectoriales, que en conjunto representan a cerca de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros- y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos (www.pmcm.es). Asimismo, la PMcM tiene reconocida en la propia Ley 15/2010 su legitimación activa en este ámbito.

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