INFORME SOBRE MOROSIDAD: ESTUDIO PLAZOS DE PAGO EN ESPAÑA 2022
- La PMcM, que está fiscalizando la implementación de esta ley, ha constatado que la información que parte de los Ministerios para la elaboración del certificado requerido, es “contraria a la ley”.
- Al 61% de los proveedores se les imponen plazos de pago superiores a los permitidos por ley, sin que esta práctica ilegal tenga consecuencias. El 94% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago, y el 84% nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora. Esto demuestra la inutilidad de una ley que no sancione su incumplimiento.
- El plazo medio de pago del sector público aumentó en 6 días, y el del sector privado disminuyó 5 días. En ambos casos se situó en un plazo medio de pago de 67 días, aún lejos de los 30 días establecidos por la Ley 15/2010 para las AA.PP. y los 60 días para las empresas.
- El 81% no conoce todavía la Ley de Crea y Crece aprobada en septiembre de 2022; la PMcM exige crear una campaña informativa para dar a conocer y sensibilizar sobre esta normativa, atendiendo a la importancia de su implementación.
Madrid, 2 de marzo de 2023.- La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha detectado un aumento de los plazos medios de pago a proveedores por parte de las Administraciones Públicas, según se desprende de la nueva edición que acaba de presentar de su “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2022”. A tenor del presidente de la PMcM, Antoni Cañete, en esta subida ha podido “influenciar que el año pasado no hubo grandes inyecciones de fondos, como sí ocurrió durante el anterior en el que el periodo medio de pago bajó”.
Para este 2023, el Ministerio de Hacienda ha anunciado un plan de pago a proveedores de entidades locales por importe total máximo de 1.076,4 millones de euros. Este hecho corrobora la situación que viene denunciando la PMcM sobre que las AA.PP. no están cumpliendo los plazos de pago. La PMcM lamenta que, una vez más, este mecanismo imponga que los proveedores tengan que renunciar a cobrar los intereses de demora, una cuestión que la PMcM espera que se corrija al ser “injusta”. Se trata de una iniciativa que, aunque pretende paliar una parte del problema, “no es suficiente: hay que erradicar esta lacra desde la raíz, exigiendo a las AA.PP. que cumplan la legislación y ejecutando los mecanismos que están disponibles para su consecución”, sentencia.
Atendiendo al informe de la PMcM, elaborado a partir de más de 500 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas y ajenas, el plazo medio de pago a proveedores aumentó en el sector público en 6 días, pasando de 61 a 67 días, un registro superior al doble del plazo legal permitido, que está fijado en un máximo de 30 días para las AA.PP. Para el presidente de la entidad, es “pernicioso” que se hayan asemejado los plazos de pago del sector público y privado, cuando las AA.PP. deberían de dar ejemplo y además su plazo máximo es la mitad que el del sector privado”.
A esto se suma el “escollo” que supone que la cadena de pagos en el sector público esté “mal controlada” y, por tanto, que el dinero no fluya hasta el último eslabón, los subcontratistas (en su mayoría pymes y autónomos); “no se está haciendo el control de pagos de los principales contratistas a subcontratistas”, incide Cañete.
Según el análisis “Estrategia nacional de contratación pública 2023-2026” (elaborado por la Oficina de Contratación Pública y aprobado por Oriescon), no existe información suficiente sobre el grado de cumplimiento por los órganos de contratación en la verificación de que los pagos a subcontratistas y suministradores se llevan a cabo correctamente, y además esta Estrategia no incluye cuantificación de los pesos de cada medida a acometer.
El análisis de la PMcM ha constatado que los subcontratistas cobran de los contratistas principales a 100 días de media. En opinión de Cañete, si la Ley Crea y Crece empezara a funcionar se produciría una “mejora indiscutible” en la situación de los subcontratistas. Para PMcM “es imprescindible la fiscalización del cumplimiento de la Ley Crea y Crece y la Estrategia nacional de contratación”.
La falta de rigor también se extiende a otros ámbitos. El 92% de los participantes en la encuesta de la PMcM que habían solicitado alguna subvención pública por importe superior a 30.000 € después de octubre 2022, no ha tenido que aportar alguna certificación específica sobre sus plazos medios de pago. La PMcM, que está fiscalizando la implementación de esta ley, ha constatado que la información que parte de los Ministerios para la elaboración del certificado requerido, es “contraria a la ley”.
Del mismo modo, se percibe una “cierta falta de información” por parte de los encuestados en tanto a las normativas relacionadas con la morosidad. Aunque el 62% de los encuestados asegura conocer legislación vigente en materia de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y los derechos que ésta otorga a los acreedores, se da el caso de que el 81% no conoce todavía la Ley de Crea y Crece aprobada en septiembre de 2022. En este sentido, la PMcM exige crear una campaña informativa para dar a conocer y sensibilizar sobre esta normativa, atendiendo a la importancia de su implementación.
En lo que se refiere al sector privado, la nueva edición del informe anual de la PMcM reveló un descenso de 5 días, situándose en 67 días frente a los 72 de 2021. Se trata de la cifra más baja de toda la serie analizada por la PMcM desde 2011. A pesar de la mejora en el sector privado, el plazo medio de pago todavía dista del establecido por la ley 15/2010, que es de 60 días para las empresas.
Dado que empezamos a observar que la liquidez de las empresas empieza a reducirse, según lo atestigua el informe del Banco de España en su análisis de la evolución de los depósitos de las entidades españolas, que detecta en enero una disminución del 1,4% en tasa interanual, “debemos aprovechar este momento, antes de que lleguen tiempos peores, para que pongan sus pagos al día, y ser más duros en la implantación de medidas contundentes para erradicar la morosidad”, insta Cañete.
Por ello, la PMcM insta a la puesta en marcha de un Observatorio de la Morosidad “imparcial”, y de un régimen sancionador que multe a las empresas morosas. En ese sentido, recuerda que la Ley de modificación de la Ley 3/2004 lleva en continua prórroga desde septiembre de 2020 e incluye un régimen sancionador; debería quedar desbloqueada en este 2023. Para el 93% de los encuestados en el análisis de la PMcM un régimen sancionador resulta “necesario”.
Lo “ideal” sería que la Directiva Europea en materia de morosidad implantara un régimen sancionador en los países en los que, al igual que en España, existe un “verdadero problema estructural con la morosidad”, afirma Cañete. La PMcM se reunirá de nuevo con la Comisión Europea próximamente para continuar colaborando en el proceso de revisión de esta normativa a través del envío de material y análisis.
Cultura de morosidad
En un contexto de incremento de la inflación, encarecimiento de la financiación y subida del tipo de interés de demora en las operaciones comerciales, se hace necesario erradicar la morosidad, una lacra “arraigada en la cultura de nuestro país”, manifiesta el presidente de la PMcM, Antoni Cañete. En general, “no nos informamos de nuestros derechos, continúan los abusos de la posición dominante que, en cierta manera, aceptamos por miedo a perder el cliente”.
Según la nueva edición del informe de la PMcM, se constata una vez más la permanencia de condiciones abusivas. El año pasado el 61% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes (de los sectores público y privado) que les imponían plazos de pago superiores a los permitidos por la Ley 3/2004, “sin que esta práctica ilegal tenga consecuencias”, denuncia Cañete.
A esto también se suma el preocupante dato de que, en caso de sufrir impagos o retrasos, el 84% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y el 94% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago. Para el presidente de la PMcM, “esto demuestra la inutilidad de una ley que no sancione su incumplimiento”.
En tanto en cuanto al medio de pago frecuente, el confirming, el 15% ha percibido un mayor ofrecimiento de lo habitual por parte de sus clientes. El 18% indica que se ha alargado el plazo de vencimiento y al 3% les obligan a descontarlo.
A pesar de todos estos abusos, el 68% de los encuestados asegura que continuaría aceptando ser proveedor de aquellas compañías incluidas en la lista oficial de grandes empresas morosas (que pagan fuera del plazo legal) que está previsto que se publique próximamente. “Si tuviéramos un sistema que funcionara correctamente no tendríamos que aceptar este tipo de injusticias”, denuncia Cañete.
De acuerdo con el informe de la PMcM, la ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en 2022 en el 5%, ligeramente superior al 4,8% de 2021. Asimismo, un 65% de los participantes señala que su expectativa de plazo de cobro durante 2023 no va a variar. Cuando los encuestados son preguntados por cuál sería su primera opción en caso de necesitar liquidez, el 70% declara que sería pedir financiación, y un 20% se vería abocado a ampliar sus plazos de pago.
La Administración Local y las grandes empresas, las peores pagadoras
En el ámbito público, más de la mitad de los encuestados (53%) asegura que la Administración Local es la que más tarda en pagar. La segunda peor pagadora es la Administración Central (abarcando un 24% de respuestas). Muy de cerca se encuentra la Administración Regional, con un 23% de los encuestados. Según los resultados del análisis, para el 79% de los proveedores de la Administración Local, y para el 78% de los proveedores de la Regional y la Central, los plazos medios de pago sobrepasaron el periodo legal.
En lo que se refiere al sector privado, para el 55% de los encuestados el tipo de cliente por tamaño de empresa que más tarda en pagarles son las grandes empresas (las que tienen una facturación superior a 50 millones de €). Cuando los encuestados son preguntados por cuánto tardan aproximadamente en pagarles sus clientes que son grandes empresas, el 75% declara que estas superan el plazo legal: el 38% coincide en que lo hacen algo por encima del plazo legal (tardando entre 60 y 90 días), y el 37% señala que les pagan muy por encima de los plazos legales (más de 90 días). Solo el 25% de las grandes compañías les pagan dentro del plazo legal.
Sobre la PMcM
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) agrupa a entidades estatales, autonómicas y sectoriales, que en conjunto representan a cerca de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros- y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos (www.pmcm.es). Asimismo, la PMcM tiene reconocida en la propia Ley 15/2010 su legitimación activa en este ámbito.
Cuenta oficial de Twitter: @PMcMorosidad Antoni Cañete, presidente de PMcM: @AntoniCanete
Página web: https://www.pmcm.es/Blog morosidad: https://www.pmcm.es/blog
Notas de prensa: https://www.pmcm.es/blog/postetiqueta/nota-de-prensa/32
Campaña de recogida de firmas en Change.org para conseguir «que nuestros clientes cumplan con los plazos de pago legales»
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