Análisis del informe de plazos medios de pago de las AA.PP. elaborado por el Ministerio de Hacienda
Madrid, 15 de septiembre de 2021.– La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), tras analizar el último informe del Ministerio de Hacienda relativo a los plazos medios de pago de las Administraciones Públicas, ha alertado que 96 ayuntamientos tardan de media más de un año en pagar, ascendiendo su deuda a casi 213 millones.
Ante estos datos, el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, exige que se implementen de una vez por todas medidas eficaces para atajar la lacra de la morosidad, tanto en el sector privado como en el público. Cañete recuerda que está sobre la mesa la posible multa que está estudiando imponernos la Unión Europea. La institución europea está analizando exhaustivamente toda la documentación recibida. Así lo informó a la propia PMcM en una reunión mantenida hace apenas unas semanas, en la que profundizaron en el problema de la morosidad en España, coincidiendo en la necesidad urgente de que se tomen medidas contundentes.
En lo que se refiere al sector privado, la PMcM manifiesta que supone una afrenta que, para alegar que se paga en plazo y así poder acceder a los fondos NGUE, solo sea necesario presentar una “declaración responsable”. “Seamos serios, hay que imponer que se cumplan unos determinados requisitos y que además se certifiquen, sobre todo para empresas de más de 50 trabajadores”, reclama al Gobierno el presidente de la PMcM, Antoni Cañete. En esta línea, alienta a “conseguir también que se modifique la fórmula de cálculo del plazo medio de pago (pmp) para que se tengan en cuenta los confirming (estos enmascaran la realidad de los plazos de pago)”.
En su opinión, la esperanza de una posible reducción de la morosidad en nuestro país “se ve empañada una vez más por el nuevo paso que ha dado el Gobierno al elaborar su anteproyecto de la ley Crea y Crece sin tener en cuenta las recomendaciones de los que trabajamos día a día para resolver esta lacra”. La PMcM ya ha enviado al Ministerio de Economía, a los grupos políticos y a la Unión Europea su revisión del anteproyecto, que también trasladó en la consulta pública.
A tenor de la entidad, esta iniciativa legislativa no es más que una cortina de humo para decir en Europa que han tomado medidas para combatir la morosidad.
Por otra parte, desde la PMcM ven positiva la propuesta recogida en el anteproyecto sobre implantar la factura electrónica en todas las pymes, lo que supondrá “un gran avance para el control de los periodos de pago en el país”, asegura Cañete. Sin embargo, “creemos que la redacción del anteproyecto no asegura que se vayan a producir reducción de costes ni de cargas administrativas para pymes y autónomos; muy al contrario, creemos que empeorarán”.
Respecto a la modificación de la ley de contratos del sector público, la PMcM propone que el subcontratista tenga la capacidad de impugnar los contratos, que no sea solo una potestad de los contratistas y la AAPP. Además, Cañete considera que no está funcionando la facturación electrónica de la AA.PP. en lo referido a los subcontratistas. “no se está registrando en FACE la facturación de los subcontratistas, por lo que se pierde toda la trazabilidad de los plazos de pago dentro de la AA.PP., que en todo caso, deben garantizar el pago de sus deudas a todo el circuito de aprovisionamiento para impedir la ruptura de la cadena de pago. También ha añadido que los gobiernos “tienen que obligar a que los grandes contratistas paguen a sus proveedores subcontratistas dentro del plazo legal”.
En definitiva, la PMcM aclara que el anteproyecto de la ley Crea y Crece no resuelve los problemas de morosidad, sino que lo que lo haría de forma efectiva sería un régimen sancionador. “Recordemos que, según las estimaciones realizadas por la PMcM sobre los datos de la CNMV referidos a 2020, las compañías cotizadas liquidaron sus facturas en un periodo medio de 200 días, triplicando el plazo legal permitido (60 días) y aumentando 14 días respecto a 2019. Además, tenían en cartera 81.786 millones de euros sobrepasando los 60 días legales.
“Lamentamos profundamente que ya ha pasado un año desde que el Congreso aprobara por unanimidad sacar adelante el régimen sancionador. Para agilizar el proceso dada la urgencia por la situación de las pymes, no tenían más que aprobar las enmiendas ya negociadas previamente para la Ley presentada por Ciudadanos, pero lo único que ha ocurrido han sido las numerosas ampliaciones del plazo de enmiendas, hasta 34, una tras otra”, denuncia Cañete.
La desidia del Gobierno en materia de morosidad nos lleva a augurar un empeoramiento de la situación financiera de las pymes, que ya es delicada y sobre la que incide sobremanera la morosidad. En nuestro último análisis de las empresas del IBEX constatamos que el plazo medio de pago era de 191 días frente a los 60 legales (más que triplicándolos). En cuanto a las AA.PP., vemos en los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda que los ayuntamientos pagan a una media de 69 días, en vez de a un máximo de 30 como marca la ley.
Ante las evidencias de que la morosidad es uno de los mayores problemas que afectan a la supervivencia de las pymes, y siendo la PMcM la entidad de referencia en esta materia en España, Cañete no se explica cómo nunca ha sido convocada a participar en el Consejo Estatal de la Pyme.
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