INFORME SOBRE MOROSIDAD: ESTUDIOS PLAZOS DE PAGO EN ESPAÑA 2021
La PMcM demuestra que las ayudas condicionadas a pagar las facturas pendientes mejoran los plazos de pago en el sector público (21%) y privado (6%), aunque siguen lejos del máximo legal
- La mejora de los plazos medios de pago tiene mucho que ver con las medidas tomadas durante 2020, por lo que la PMcM ha pedido al Gobierno que continúe acometiendo nuevas medidas concretas
- Se constata una vez más la permanencia de condiciones abusivas. El año pasado el 66% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes (de los sectores público y privado) que les imponían plazos de pago superiores a los permitidos por la Ley 3/2004
Madrid, 9 de febrero de 2022.- La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), en la nueva edición que acaba de presentar de su “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2021”, ha detectado un significativo descenso de los plazos medios de pago a proveedores por parte de las Administraciones Públicas y del sector privado.
Una mejora que para el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, tiene mucho que ver con las medidas tomadas durante aquel periodo: los créditos ICO, los fondos de liquidez extra para las CCAA y la normativa que premiaba a las empresas que saldaban sus deudas con sus proveedores.
Por ello, ha pedido al Gobierno que continúe acometiendo medidas concretas para que prosiga esta tendencia, porque “cuando se actúa se consiguen buenos resultados, y en el ámbito de la morosidad la herramienta principal y definitiva es instaurar un régimen sancionador que multe a las empresas morosas”. Además, la PMcM ha pedido cierta celeridad en la puesta en marcha de esta normativa, a la vista de los plazos de devolución de los créditos ICO y “cuando esto ocurra vamos a asistir a una rotura de la cadena de pagos importante; no olvidemos que medio millón de empresas están en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos”, alerta Cañete.
Según el informe de la PMcM, elaborado a partir de cerca de 800 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas y ajenas, el plazo medio de pago a proveedores disminuyó tanto en el sector público (en 16 días, un 21%, pasando de 77 a 61 días), como en el sector privado (un descenso del 6%, 5 días menos, situándose en 72 días frente a los 77 de 2020, en niveles similares a 2019 antes de la pandemia). A pesar de la mejora, los plazos medios de pago distan de los establecidos por la ley 15/2010, más que duplicándose (30 días para las AA.PP. y 60 para las empresas).
De acuerdo al análisis, un 78% señala que su expectativa de plazo de cobro durante 2022 no va a variar. Cuando los encuestados son preguntados por cuál sería su primera opción en caso de necesitar liquidez, el 75% declara que sería pedir financiación, y un 19% se vería abocado a ampliar sus plazos de pago.
De acuerdo con el “Informe sobre Morosidad 2021” de la PMcM, la ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en el 4,8%, ligeramente inferior respecto al 5,4% del 2020.
La Administración Local y las grandes empresas, las peores pagadoras
En el ámbito público, prácticamente la mitad de los encuestados (48%) asegura que la Administración Local es la que más tarda en pagar, y de estas, tan solo un 24% lo hace dentro del plazo legal. La segunda peor pagadora es la Administración Regional (abarcando un 33% de respuestas).
Por último, se encuentra la Administración Central, con un 19% de los encuestados. Según los resultados del análisis, para el 81% de los participantes en la encuesta sus plazos medios de pago sobrepasaron el periodo legal.
En lo que se refiere al sector privado, para el 61% de los encuestados el tipo de cliente por tamaño de empresa que más tarda en pagarles son las grandes empresas (las que tienen una facturación superior a 50 millones de €). Cuando los encuestados son preguntados por cuánto tardan aproximadamente en pagarles sus clientes que son grandes empresas, el 80% declara que estas superan el plazo legal: el 38% coincide en que lo hacen algo por encima del plazo legal (tardando entre 60 y 90 días), y el 42% señala que les pagan muy por encima de los plazos legales (más de 90 días). Solo el 20% de las grandes compañías les pagan dentro del plazo legal. Para el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, “el retraso en los pagos no se puede justificar de ninguna manera en empresas que tienen liquidez”.
Además, se constata una vez más la permanencia de condiciones abusivas. El año pasado el 66% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes (de los sectores público y privado) que les imponían plazos de pago superiores a los permitidos por la Ley 3/2004.
A esto también se suma el preocupante dato de que, en caso de sufrir impagos, el 83% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y el 92% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.
La PMcM siempre ha sostenido que esto podría deberse más al miedo a perder el cliente y al sistema de reclamación en sí, que al propio desconocimiento, porque el 64% de los encuestados asegura conocer la legislación existente. No obstante, el presidente de la entidad apunta que, “después de más de 10 años, no deja de sorprender que un 36% de las empresas aún la desconozca”.
En lo que se refiere al medio de pago frecuente, el confirming, el 16% ha percibido un mayor ofrecimiento de lo habitual por parte de sus clientes desde el comienzo de la crisis del COVID-19. El 18% indica que se ha alargado el plazo de vencimiento y al 2% les obligan a descontarlo.
Propuestas de enmiendas a la ley Crea y Crece y Plan de pago a proveedores
Al hilo de la tramitación del proyecto de Ley Crea y Crece, la PMcM ha propuesto a los partidos políticos diversas enmiendas al articulado, que espera que tomen en cuenta y actúen en consecuencia. El punto fundamental en el que incide el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, es en que la ley “se ha quedado sin fuerza al haberse eliminado en el proyecto la parte que realmente iba a influir sobre la mejora de los plazos de pago”. Se trataba de la posibilidad de que se pudiera rescindir un contrato de licitación pública en pleno proceso en caso de no estar pagándose en plazo a los proveedores subcontratistas.
Cañete insiste en que es necesario que “esta novedad de la Ley de Contratos del Sector Público vuelva al articulado de la Ley Crea y Crece. Sin ella, la nueva normativa no mejorará la morosidad. No nos olvidemos que propone un Observatorio, la facturación electrónica y una simple declaración responsable, tres medidas necesarias pero insuficientes”. Para el 94% de los participantes en la encuesta de la PMcM debe implantarse un régimen sancionador.
Respecto al recién anunciado Plan de pago a proveedores, la PMcM celebra que el Ministerio de Hacienda haya creado un mecanismo para que las Administraciones Locales paguen dentro del plazo legal las facturas que tienen pendientes. No obstante, el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, aclara que se trata de una “medida más restrictiva de lo que pueda parecer. Como solo se van a pagar facturas contabilizadas antes del 1 de julio de 2021, la antigüedad de las mismas será de al menos 253 días en adelante, excluyendo a la gran mayoría de facturas pendientes de pago.
Téngase en cuenta que el plazo medio de pago de los Ayuntamientos según el Ministerio de Hacienda a fecha de septiembre de 2021, era de 59,77 días. Al ser tan restrictivo, creemos que se trata más bien de una medida que pretende bajar las medias arreglando el problema de solo unos pocos ayuntamientos, en vez de solucionar el problema del conjunto”.
Además, la PMcM entiende que, en cualquier caso, los proveedores no deberían de renunciar a cobrar los intereses de demora (que les pertenece por ley). Por ello, ha reclamado que se corrija con la mayor urgencia, ya que el plazo que tiene los municipios y proveedores para remitir a Hacienda el listado de facturas pendientes finaliza el próximo 11 de febrero. Además, Antoni Cañete, presidente de PMcM, ha manifestado que espera que esta medida tenga continuidad “porque está contemplado desde 2013 en la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial del Sector Público” y no se explica “cómo se ha tardado tanto en ponerse en marcha”.
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