La morosidad de las empresas y del sector público anticipa un aumento de las insolvencias. Por eso, las empresas –especialmente las pymes– piden a la Administración que pague cuando corresponde
No es la primera vez que una empresa absolutamente viable y con futuro acaba echando el cierre por retrasos en los periodos de pago por parte de sus clientes. Esa morosidad tanto de la Administración como de las empresas es una situación que afecta especialmente a las pymes y a los autónomos. Aunque la ley es muy clara sobre cuáles son los periodos máximos de cobro, la falta de un régimen sancionador permite que el periodo medio de pago se sitúe en 94 días.
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