“O se controla el precio de la energía o habrá miles de compañías que no serán viables” “Un tercio de las empresas en España puede cerrar si no se reduce la morosidad”
Entrevista original en Cinco Días por Carlos Molina
Antoni Cañete (Barcelona, 1963) es desde el pasado 1 de diciembre vicepresidente y miembro del consejo de dirección de SME United, la patronal europea de las pequeñas y medianas empresas que representa a 22 millones de empresas y 82 millones de trabajadores. Compatibiliza ese cargo con la presidencia de la patronal catalana Pimec desde enero de 2021 y con la de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad desde enero de 2013. En su nuevo puesto, Cañete confiesa que va a pelear por acabar con los abusos de las grandes empresas a la hora de financiarse a costa de las pequeñas retrasando los plazos de pago y porque las pymes tengan voz propia en la negociación colectiva.
Solo han transcurrido tres semanas desde su nombramiento en un escenario plagado de incertidumbre en lo económico y con el precio de la energía condicionando la viabilidad de muchas empresas en Europa. ¿Cuál es el diagnóstico de la actual situación?
En el discurso de mi toma de posesión hablé de cuatro prioridades, que ya fijó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el discurso del Estado de la Unión de septiembre. Son prioritarios cambios en la directiva europea de morosidad para acabar con el retraso en los pagos, especialmente en el sur de Europa. También es urgente que Europa intervenga en el mercado de la energía como hizo con el euro para acabar con la especulación. Debería copiar lo que hizo Draghi hace una década. Solo con mandar un mensaje, el famoso “haré lo que sea necesario” logró evitar el colapso de la moneda europea. También hay que potenciar la Formación Profesional y hay que poner a las pymes en los puentes de mando de las decisiones de política económica”.
En el caso de la morosidad, las cifras han ido mejorando desde hace una década. ¿Cuáles son sus recomendaciones?
Es imprescindible una directiva que permita que en aquellos países en los que se deteriore la morosidad por incumplimiento de los plazos de pago se puedan tomar medidas correctoras contra los que incumplen. Pero antes hay que saber si las empresas están o no cumpliendo la ley. Es increíble que no exista un observatorio que aporte cifras sobre los plazos de pago entre empresas privadas. También hay un problema de gobernanza porque hay Administraciones centrales que cumplen la ley, como la italiana, pero después no hacen nada para que el resto de organismos la cumplan y eso conduce a sanciones desde Bruselas. Pese a ello soy optimista y creo que habrá una nueva directiva en 2023, en la que se incluirán medidas coercitivas como un régimen sancionador a quien no cumpla con los pagos.
«El volumen de facturas impagadas que exceden los 60 días de plazo legal asciende a 82.000 millones de euros»
En este punto es especialmente crítico con el abuso de las grandes empresas sobre las pequeñas y medianas en España.
El volumen de facturas impagadas que superan el plazo medio de los 60 días que marca la ley asciende a 82.000 millones de euros. La norma dice que el plazo máximo de pago de las facturas a las pymes es de 60 días, pero en realidad se están pagando a una media de 200 días. Lo que debería hacer el Ejecutivo es obligar a las empresas a cumplir los plazos y a inyectar ese dinero en la economía real. Como no lo hace, las grandes empresas están destinando recursos a comprar autocartera y así sostener sus valores en Bolsa.
En su discurso exigió una acción decidida de Bruselas para intervenir el mercado energético y acabar con la especulación.
O se controla el precio de la energía o habrá miles de empresas que no serán viables. Ya en algunas reuniones se han visto las reticencias de Alemania u Holanda a regular el precio del gas por el temor a que Rusia les cierre el grifo. En cualquier caso, sacar el precio de la energía del mercado de la especulación tendría que ser uno de los grandes objetivos. Europa tiene que ser muy contundente e intervenir las empresas electrointensivas, crear un fondo comunitario para sostener a un elevado porcentaje de esas empresas para que cierren y recuperen la actividad cuando los precios sean asequibles. En el momento en el que llegue ese mensaje a los mercados, el precio bajará. Pero hay otro problema adicional. El precio de la energía en Asia y EE UU es mucho más bajo que en Europa. Las empresas de ambos bloques están produciendo con costes más baratos y sus productos están entrando en Europa. Mecanismos de ajuste como el border carboning, que les obligará a pagar un impuesto por la emisión de carbono a partir del 1 de enero de 2023, es una buena medida para cambiar las cosas.
«Tememos que las grandes empresas opten por financiarse retrasando el pago de facturas a las pymes»
También aboga por la potenciación de una formación profesional frente a la enseñanza superior.
La introducción de tecnologías como la inteligencia artificial va a disparar la productividad del trabajo y va a reducir las necesidades de mano de obra y de salarios. Por tanto, los países que apuesten por el conocimiento serán los que estén en la parte de arriba en el futuro. Pero en España tenemos un sistema de formación que mira a la oferta y no a la demanda. No es la empresa la que decide en función de lo que necesita y eso provoca situaciones como que no haya titulados en instalaciones eléctricas para paneles solares, pese a existir una demanda sin precedentes. En la actualidad solo el 23% de los estudiantes optan por la FP y habría que llegar al 55%.
España se adentra en el próximo escenario económico en mejor situación económica que el resto de países. ¿Cuál es su diagnóstico sobre el nuevo ciclo?
Nadie puede predecir qué va a ocurrir en un periodo tan volátil y con tanta incertidumbre. Lo que sí parece evidente es que corremos el riesgo de entrar en un periodo de estanflación (estancamiento del PIB y elevado crecimiento de los precios). Y las subidas de tipos en Europa y EE UU anticipan que el precio del dinero será más alto y que habrá más dificultades para endeudarse. Nuestro principal temor es que, al igual que ocurrió en la anterior crisis, las grandes empresas opten por financiarse a través de las pymes retrasando el pago de facturas. Y la situación es compleja: en Europa una de cada cuatro empresas está en riesgo de cerrar y en España ese porcentaje se eleva al 33%. El tamaño de la tragedia puede ser brutal si no se toman medidas.
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