La nueva Ley de Eficiencia Procesal introduce nuevas condiciones para que los autónomos puedan cobrar sus facturas. El proceso podría ser más lento y costoso para el colectivo.

Desde el pasado abril, ningún autónomo puede presentar una demanda para reclamar una factura impagada si no demuestra antes que intentó llegar a un acuerdo con el deudor. Lo exige la nueva Ley de Eficiencia Procesal, que nace con la intención de descongestionar los tribunales. Y que sin embargo, en la práctica, está dificultando todavía más el cobro de deudas a quienes más las sufren: los autónomos y las micropymes.

Lo que antes era un procedimiento sencillo y rápido, ahora implica enviar burofaxes, asumir nuevos costes y probar fehacientemente que ha existido una voluntad de acuerdo por parte del acreedor.

Y si el deudor no contesta –como ocurre en dos de cada tres casos, según los expertos–, todo se complica aún más. “Se ha vaciado de contenido el procedimiento monitorio”, denunció a este diario Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).

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