· “Las pymes y autónomos están siendo víctimas de un claro abuso: casi de manera generalizada, muchas empresas —sobre todo las de mayor dimensión y desde su posición de dominio— transfieren costes financieros a las más pequeñas, cuya capacidad de financiación es menor, hasta el punto de hacer peligrar su supervivencia”
· “Cargarles con el coste adicional de financiación de empresas grandes supone una transferencia en sentido opuesto al que la propuesta de Pacto de Rentas debe tender”
· “Si no arreglamos ahora esta situación injusta y generadora de atraso económico —como hace años hicieron otros países europeos—, la difícil coyuntura a la que nos enfrentamos hará desaparecer una parte importante del tejido productivo que aguanta el país, rompiendo así el círculo virtuoso de la economía”
Madrid, 23 de marzo de 2022.– La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) urge a que el Pacto de Rentas que el Gobierno ha propuesto a los agentes sociales, políticos y económicos incluya, como parte esencial, un “pacto de pagos” que permita asegurar que las pymes y los autónomos cobran sus facturas conforme a la legislación vigente en materia de plazos de pago.
Este tema es “crucial para su supervivencia porque, de lo contrario, desaparecerán miles de pymes y autónomos”, manifiesta el presidente de la PMcM, Antoni Cañete. España continúa manteniendo uno de los plazos de pago más largos de la Unión Europea, lo que le resta competitividad y viabilidad a nuestras pymes y autónomos. “Sin duda, están siendo víctimas de un claro abuso: casi de manera generalizada, muchas empresas —sobre todo las de mayor dimensión y desde su posición de dominio— transfieren costes financieros a las más pequeñas, cuya capacidad de financiación es menor, hasta el punto de hacer peligrar su supervivencia”, denuncia.
En la actualidad, centenares de miles de pymes y autónomos aportan una parte importante de sus escasos recursos a financiar el circulante de unas pocas grandes compañías. Para Cañete, esta es la “principal razón de que no puedan invertir más y crecer, de que España tenga una dimensión media de las empresas insuficiente para tener una economía más industrial y con más investigación privada”.
El presidente de la PMcM advierte que la realidad es “preocupante: la transferencia de recursos de pequeños y medianos a grandes —que abusan de posiciones de dominio— obliga también a pymes y autónomos a soportar excesivos costes financieros; cargarles con el coste adicional de financiación de empresas grandes supone una transferencia en sentido opuesto al que la propuesta de Pacto de Rentas debe tender”, denuncia Cañete.
Por ello, la PMcM ha urgido a incluir un “pacto de pagos” dentro del Pacto de Rentas, más si cabe por la situación actual en la que nos encontramos con el deterioro de los márgenes empresariales —ya sea por reducción de la demanda o por encarecimiento de los costes de producción—, y con la previsión de progresiva subida de los tipos de interés para combatir la inflación. Es más, a tenor de la PMcM, la pérdida de valor que producen los altos niveles de inflación a los que estamos asistiendo, provocarán un “efecto multiplicador negativo sobre los ingresos de las empresas que no consigan cobrar sus facturas en plazo”.
Para Cañete, la situación es “injusta y generadora de atraso económico”. En su opinión, “si no la arreglamos ahora —como hace años hicieron otros países europeos—, la difícil coyuntura a la que nos enfrentamos hará desaparecer una parte importante del tejido productivo que aguanta el país, rompiendo así el círculo virtuoso de la economía”.
Pacto de pagos en los sectores público y privado
La PMcM incide en que el pacto de pagos debe alcanzar tanto a las relaciones comerciales entre empresas como a las que se producen entre empresas y Administraciones Públicas.
Según su presidente, es una “obligación del Estado asegurar, en este momento más que nunca, la protección de pymes y autónomos, siempre en situación más vulnerable que compañías de mayor tamaño. La Administración tiene que garantizarnos, desde este momento, el cumplimiento de la legislación vigente en materia de pagos, para lo cual, bastaría con reactivar la propuesta de régimen sancionador que duerme en el Congreso de los Diputados desde hace casi dos años”.
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