Haciendo una analogía con la célebre frase «Winter is coming», pronunciada en la mítica serie de HBO “Juego de Tronos”, en este artículo mando una señal de alarma a las empresas españolas avisando que un maremoto de morosidad se nos echa encima y que es necesario que las empresas se preparen a fondo para luchar contra la morosidad. En particular, las pimes deben de estar preparadas para hacer frente a la avalancha de impagados que se avecina en 2022. Siguiendo con la afinidad de la serie “Juego de Tronos”, no todos los deudores tienen el mismo lema de la casa Lannister que recordemos es: “Un Lannister siempre paga sus deudas”; de modo que muchas facturas pasarán al epígrafe de créditos incobrables durante el próximo año.
Con respecto al incremento de la morosidad de los créditos interempresariales, según el Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, que presentaron recientemente la compañía de seguros de crédito Crédito y Caución y la empresa de informes financieros Iberinform –en el que han participado los administradores de 700 empresas de todos los tamaños y sectores– el 54% de las empresas españolas sufren el impacto negativo de la morosidad en su cuenta de resultados y el 9%, es decir, cerca de 127.000 empresas de acuerdo con los datos de empresas activas en la Seguridad Social, afirma que corre el riesgo de cerrar por el impacto de los impagados. Asimismo, de acuerdo con el Estudio de Gestión del Riesgo de Crédito en España, el 45% de las firmas españolas afronta pérdidas de ingresos significativas a causa de la morosidad y el 21% registra un incremento de sus costes financieros. Además, el 11% se ve obligada a limitar sus nuevas inversiones y un 13% a frenar su expansión comercial.
El Estudio de Gestión del Riesgo de Crédito al abordar las razones que explican el incremento de la morosidad empresarial, señala un crecimiento significativo de ocho puntos de los retrasos intencionados por parte de los clientes. No obstante, la falta de disponibilidad de fondos constituye la razón más citada, por delante del retraso intencionado de los clientes, la complejidad del procedimiento de pagos, las disputas sobre la calidad de los bienes y servicios suministrados o la emisión de facturas incorrectas.
La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, prohíbe que los compradores paguen las facturas a más de 60 días contados desde la entrega de los bienes adquiridos o la prestación de los servicios; sin embargo, el Estudio de Gestión del Riesgo de Crédito en España evidencia que solamente el 45% de las empresas trabaja con plazos de cobro inferiores a los 60 días y que el 71% de los proveedores tiene que aceptar plazos de pago superiores a los deseados para poder mantener su cartera de clientes.
La falta de control sobre la morosidad es un riesgo importante para la actividad empresarial. El incumplimiento de los pagos acordados genera importantes tensiones de liquidez en una situación como la actual y es especialmente desestabilizadora en la operativa de las empresas de menor tamaño. Si se llega al impago de una venta a crédito comercial, la pérdida equivale a los costes de producción del producto. El impacto de un impagado comercial se acentúa cuanto menor sea el margen de beneficios, pues multiplica el número de ventas con clientes solventes necesarias para compensar la pérdida. Si una sociedad con un margen comercial del 10% sufre un impago de 10.000 euros, deberá generar nuevo negocio por 100.000 euros para compensar el impacto de los 9.000 en costes de producción.
Aunque la protección de la cartera de clientes ha pasado a ser una prioridad para las empresas en su salida de la pandemia de Covid-19, solamente el 12% de las empresas inicia acciones de recobro al vencimiento de la factura, de acuerdo con los datos recogidos en el citado Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España. Se trata del porcentaje más bajo de la serie histórica, un indicativo de que las empresas están reaccionando a sus necesidades de crecimiento retrasando el inicio de las acciones de recuperación para no deteriorar la relación comercial.
En ese sentido, las empresas que otorgan a sus clientes plazos adicionales superiores a los 90 días antes de poner en marcha estos procesos suponen un significativo 38% del total. La Ley 3/2004, de 29 de diciembre, reconoce el derecho a los proveedores a reclamar intereses de demora si los clientes retrasan el pago de sus facturas. No obstante, el citado estudio de Crédito y Caución e Iberinform revela que a lo largo de la pandemia el porcentaje de empresas que renuncia totalmente a la aplicación de estos intereses de demora se ha mantenido por encima del 50%. Solo el 6% de las empresas es sistemático a la hora de ejercer su derecho de reclamar los intereses moratorios. Además, entre quienes aplican estos intereses de demora, que surgen automáticamente sin necesidad de preaviso o requerimiento al cliente, la oleada de otoño muestra que el 96% de las empresas reclama intereses por debajo de los que le corresponden legalmente y que en la actualidad estás fijados legalmente en el 8% anual.
Por otro lado, el Barómetro publicado por el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos da a conocer que el 26 % de las pymes atraviesan problemas de liquidez; el 8% presenta impagos ante la Seguridad Social y Hacienda; el 14 % encuentran problemas para pagar los alquileres; mientras un 27 % de los negocios tienen clientes morosos. El 13% de las pequeñas y medianas empresas no están pagando a sus acreedores y el 10 % están en mora con las entidades financieras. Asimismo, el mencionado Barómetro indica que el 32 % de las pymes han presentado pérdidas a 30 de junio de 2021. Según el estudio, solo el 23 % de los negocios están igual o mejor que antes de la pandemia. El conjunto de todos estos problemas les supone a 130.000 empresas que sigan en situación técnica de concurso de acreedores, aunque no estén obligadas a presentarlo como consecuencia de la moratoria concursal que, por cierto, el Gobierno ha establecido otra vez por real decreto ley hasta junio de 2022.
Además, el informe publicado por los Gestores Administrativos revela que 140.000 pymes se verán obligadas a despedir a algún empleado como consecuencia de la subida. El 42 % de los negocios se están viendo muy perjudicados por la subida del precio de la energía. El 65 % de las pymes se están sufriendo de forma grave o muy grave las subidas de energía, inflación, salario mínimo interprofesional (SMI) y materias primas. Todos estos datos provocan que el 41 % de las pequeñas y medianas empresas precisen de ayudas directas. El citado informe también hace evidente de que un 18 % de las pymes, más de 500.000 empresas, podría estar planteándose de forma muy seria autoexcluirse del sistema y trabajar en la economía sumergida. Igualmente, el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos asegura que todo un período sin ingresos ha tenido que cubrirlo la pyme incrementando el endeudamiento o agotando sus ahorros y que los ingresos todavía no están al mismo nivel que antes de la pandemia, por lo que la brecha todavía no se ha cerrado para muchas empresas. En consecuencia, a muchos negocios les va a resultar muy difícil volver a ser rentables en esta situación, por lo que precisan de ayudas que alivien la pérdida de ingresos de estos 18 meses.
Asimismo, el último estudio de las Sociedades de Garantía Recíproca señala que el impacto de la pandemia sobre las pymes españolas parece seguir siendo aún significativo: solo el 30% de las pymes ha iniciado ya la recuperación frente a un 40% que se encuentra en peor situación que en 2020. Es uno de los datos del último estudio de las Sociedades de Garantía Recíproca, que calculan que cerca de 200.000 pymes españolas, el 5,5% del total, están en una situación vulnerable que compromete su supervivencia: aúnan la caída de facturación y beneficios con un empeoramiento de sus ratios financieros. Las empresas en situación vulnerable no se concentran en sectores directamente afectados por las medidas de control de la pandemia, pero sí por la incertidumbre y el cambio en los hábitos de consumo que estamos viviendo: servicios a empresas (33%) y comercio y servicios personales (22%), muy por delante de construcción (13%), agricultura (9%) industria manufacturera (7%), hostelería (7%) o transporte (6%). Al entorno de deterioro de las ratios financieras de muchas empresas se suma otro elemento diferencial de 2021: el crédito comercial otorgado por los proveedores ha sido el principal instrumento de financiación utilizado por las pymes durante la pandemia para mantener su activo corriente. Según el citado estudio de las Sociedades de Garantía Recíproca, el crédito comercial que conceden los proveedores a sus clientes tiene niveles de uso cercanos al 25%, y está, por delante de los préstamos bancarios, las líneas ICO, los descuentos bancarios, el leasing, los avales, el confirming, el factoring o el crowdfunding.
Por añadidura, el último informe de estabilidad financiera del Banco de España indica que observa un incremento notable en el riesgo de impago asociado a los préstamos ICO Covid 19. El volumen de operaciones que han sido clasificadas por las entidades financieras en “vigilancia especial” se ha duplicado hasta el 16%. Se incluyen en vigilancia especial los deudores que, manteniendo aún el pago de sus operaciones, muestran síntomas de debilidad para poder afrontar en el futuro el pago de sus cuotas.
Así pues, la previsión para el próximo año es que la morosidad interempresarial continuará aumentando. En apoyo a esta afirmación, según el Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España, que impulsan Crédito y Caución e Iberinform, el 38% de las empresas prevé un aumento de los impagos de sus clientes en los próximos meses. Igualmente, de cara al año 2022 el Banco de España percibe que existe una elevada incertidumbre sobre el impacto final que la crisis tendrá sobre el tejido productivo. Frente a lo inicialmente esperado, el Banco de España ya ha detectado algunos signos de deterioro en la solvencia empresarial y un repunte de los concursos de acreedores a pesar de la moratoria vigente. Según el Banco de España, la finalización de las medidas públicas de apoyo a las empresas podría hacer que emergieran nuevos deterioros de la solvencia empresarial en el futuro si la actividad de las sociedades afectadas se recupera a un ritmo insuficiente para compensar los efectos de la retirada de los estos estímulos y las medidas extraordinarias adoptadas en el marco de la pandemia.
Para finalizar, todo indica que en 2022 se nos echará encima un descomunal tsunami de morosidad y es necesario que las pymes y las microempresas estén preparadas para combatir la avalancha de facturas impagadas que se nos avecina. Un aviso a navegantes para que las empresas españolas lo tengan muy en cuenta si quieren continuar a flote y llegar a buen puerto.
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