Madrid, 25 de febrero de 2025.- La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) celebra que la Generalitat de Cataluña haya aprobado hoy una medida histórica: la realización de pagos directos a los subcontratistas por parte de la Administración. Esta iniciativa, que será tramitada en el Parlamento de Cataluña la próxima semana, supone un avance significativo en la lucha contra la morosidad, garantizando una mayor agilidad en los pagos y aportando liquidez a las empresas, en su mayoría pymes y autónomos.
El pago directo por parte de una Administración Pública a los subcontratistas es una reivindicación histórica de la PMcM. De acuerdo con la última edición del “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2023” que elaboró la entidad, los subcontratistas reciben sus pagos por parte de los contratistas principales en una media de 99 días, un plazo muy superior al establecido por la legislación vigente. Para Antoni Cañete, presidente de la PMcM, “reducir los plazos de cobro de los subcontratistas mejorará la liquidez de las empresas reduciendo el riesgo de inviabilidad y tendrá una incidencia positiva sobre otras variables tales como su necesidad de financiación y el empleo”.
En su opinión, “esta medida pionera por parte de la Generalitat podría servir de ejemplo para otras Administraciones Públicas en España e incluso a nivel estatal, con el fin de extender este mecanismo y lograr un entorno empresarial más justo y equilibrado”. En este sentido, subraya que “una correcta implementación de este sistema permitirá que los pagos lleguen de manera efectiva y ágil a quienes realmente ejecutan los trabajos, eliminando las dilaciones impuestas por los contratistas principales”.
En este contexto, la PMcM también ha recordado la importancia del futuro Reglamento Europeo contra la Morosidad, actualmente en trámite, que marcará «el fin de los plazos abusivos que minan la competitividad y viabilidad de las empresas, especialmente las pymes y autónomos, afectando su productividad y capacidad de empleo», señala Cañete.
Esta nueva normativa proporcionará a las empresas españolas un marco jurídico sólido y previsible para combatir los retrasos en los pagos, tanto en las relaciones entre empresas como con las Administraciones Públicas. Además, al tratarse de un reglamento de obligado cumplimiento en todos los Estados miembros, se garantizará su aplicación uniforme en toda la Unión Europea, contribuyendo así a la estabilidad financiera del tejido empresarial.
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