Las empresas no mejoraron sus plazos de pago en 2017

• El plazo medio de pago a proveedores se redujo en 2017 en el sector público en 6 días (un -8,4%), pasando de 71 a 65, mientras que en el sector privado se mantuvo en 77días, estando lejos en ambos casos de los 30 y 60 días que establece la ley respectivamente

• El 92% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago; el 85% nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y al 72% de los proveedores se les impusieron plazos de pago superiores a los permitidos por ley

• “A los datos vertidos hoy por el Ministerio de Hacienda-relativos a diciembre de 2017- hay que sumarle al menos otros 30 días más, porque, según anunció la institución, hasta abril no aplicará la nueva fórmula de cálculo de los Plazos Medios de Pago (PMP) de las AA.PP. que le exigió cambiar el Tribunal Supremo de la Unión Europea”, explica el presidente de la PMcM

• “Desde la PMcM estaremos pendientes de lo que suceda con la Proposición de Ley de Refuerzo de la Lucha contra la Morosidad, que será imprescindible para que tenga éxito la Ley de Contratación Pública, puesta en marcha el pasado 9 de marzo”, señala Cañete

Madrid, 12 de marzo de 2018.-La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha presentado su Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2017, del que se desprende que el plazo medio de pago a proveedores se redujo en el sector público en 6 días (un -8,4%), pasando de 71 a 65, mientras que en el sector privado se mantuvo en 77 días, estando lejos en ambos casos de los 30 y 60 días que establece la ley respectivamente.

Por cuarto año consecutivo el sector público ha presentado un mejor comportamiento que el privado, que en 2017 se estancó sin registrar ninguna mejora. No obstante, estamos seguros de que, de aprobarse e implementarse correctamente el régimen sancionador, el año que viene los plazos medios de pago de las empresas se reducirán notablemente por la puesta en marcha de las nuevas leyes y del régimen sancionador que incluye una de ellas”, afirma el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.

Según el estudio de la PMcM, elaborado a partir de más de 700 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas y ajenas, el año pasado el 72% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley 3/2004.

A esto también se suma el preocupante dato de que, en caso de sufrir impagos, el 85% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y el 92% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.

La PMcM siempre ha sostenido que esto podría deberse más al miedo a perder el cliente y al sistema de reclamación en sí, que al propio desconocimiento, porque el 71% de los encuestados asegura conocer la legislación existente. No obstante, el presidente de la entidad apunta que, “después de ocho años, no deja de sorprender que un 29% de las empresas aún la desconozca”.

De acuerdo con el “Informe sobre Morosidad 2017” de la PMcM, el ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en el 2,4%, lo que significó un ligero aumento de 0,1 puntos porcentuales respecto a 2016.

Nuevo marco legislativo

Casi la totalidad de los encuestados (92%) manifestó estar a favor de la implantación de un régimen sancionador, medida que está contemplada en la Proposición de Ley de Refuerzo de la Lucha contra la Morosidad, de cuya aprobación en el Congreso (prevista para el primer semestre del año) “estaremos pendientes desde la PMcM por lo que conllevará de cambio positivo en el panorama empresarial”, recuerda Cañete.

La instauración de este sistema de multas en el sector privado “es la pieza clave que falta para acabar de una vez por todas con la lacra de la morosidad, que merma la competitividad de nuestras empresas y del país y que ha causado ya el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis”, añadió.

Precisamente, de la puesta en marcha de este régimen sancionador “dependerá en parte el éxito de la Ley de Contratación Pública -que entró en vigor el pasado 9 de marzo-, al no contemplar ésta ningún sistema de multas. Contamos con el compromiso de todos los partidos políticos para aprobar la nueva ley de sanciones y asegurar su eficacia”, según el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.

Las novedades que acarrea esta nueva Ley de Contratos del Sector Público las conoce el 63% de las empresas que participaron en el “Informe sobre Morosidad 2017”. De las empresas encuestadas, solamente el 29% manifiesta que presenta contratos de licitación pública. Del 71% restante, un 13% asegura no hacerlo por la dificultad que representa el procedimiento; y un 5% tampoco lo hace por las malas experiencias que ha tenido con los plazos de pago de las AA.PP.

En su opinión, “en adelante, ya no deberían registrarse nuevos trucos o trampas que empañen la eficacia de sendas leyes (la de Contratación Pública y la de Refuerzo de la Lucha contra la Morosidad), y, por ello, es imprescindible que se aseguren temas como que la fecha del alta de la factura sea la real, y que se concrete de forma eficiente y eficaz su implementación, definiendo qué Administración Pública será la encargada de imponer las sanciones”.

“La PMcM estará vigilante en cuanto al cumplimiento de estas leyes; mantendremos operativa una dirección de correo electrónico (administracion@pmcm.es) para ofrecer un canal directo a los autónomos y pymes que tengan problemas con la puesta en marcha de estas leyes”, informa el presidente de la entidad.

Un avance histórico para pymes y autónomos

“Debemos congratularnos del enorme consenso que ha generado la Ley de Contratos del Sector Público entre grupos de todo el arco parlamentario. Después de un trámite parlamentario largo pero constructivo y fructífero, en el que se sucedieron las aportaciones de organizaciones como PMcM y PIMEC, se ha conseguido que no se haya legislado en beneficio solo de unos pocos, sino en pos del bien común de la gran mayoría de empresas que constituyen nuestro país, esto es, de pymes y autónomos”, manifiesta el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.

Esta Ley implica un cambio histórico y un impacto extraordinario en nuestra economía, pues la contratación de las diversas administraciones públicas alcanza los 180.000 millones € anuales, es decir, cerca del 18% de nuestro PIB.

Las administraciones deben ahora garantizar los lotes en los concursos para que más empresas puedan acceder a la contratación, incluir en sus pliegos la posibilidad de pagar directamente a los subcontratistas, evitar que los contratistas principales hagan trampas con la fecha de factura, exigir la factura electrónica entre contratista principal y subcontratista, desterrar los pactos entre partes para prolongar los plazos de pago, así como erradicar el Confirming como truco para alargar los plazos de pago. 

Sobre los datos de hoy de Hacienda de los plazos de pago de las AA.PP.

La publicación hoy 12 de marzo del “Informe sobre Morosidad” de la PMcM coincide con la difusión de los datos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sobre plazos de pago a proveedores por parte de las AA.PP.

En este sentido, el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha recordado que “a los datos vertidos por el Ministerio hay que sumarle al menos otros 30 días más, porque, según anunció la institución, hasta abril no aplicará la nueva fórmula de cálculo de los Plazos Medios de Pago (PMP) de las AA.PP. que le exigió cambiar la Comisión Europea. Así, la primera publicación mensual del periodo medio de pago a proveedores realizada de conformidad con esta nueva metodología, tendrá lugar en junio de 2018 referida a los datos de abril del presente año”.