Comunicado de la PMcM sobre la transposición de la directiva europea contra la morosidad

La PMcM valora positivamente la transposición de la Directiva Europea contra la morosidad pero pide que se acoten varios resquicios legales para asegurar su eficacia

• “Es especialmente trascendente que la transposición no haya introducido el pacto de las partes para pagos por encima de los 60 días”

• Faltan algunos aspectos que permitirían “fortalecer aún más la normativa, evitar su manipulación y lograr que impere el espíritu que sus reformas quieren conseguir”, como derogar el artículo 17 de la Ley del Comercio Minorista y el artículo 228 de Contratación Pública, para “acabar con el trato de favor a distribuidores y contratistas, respectivamente”

• La PMcM también propone establecer un régimen sancionador, la creación del Observatorio de la Morosidad, la generalización de la medida del IVA a todos los tipos de pymes y autónomos sin excepción e implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador

Madrid, 25 de febrero de 2013.- La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha felicitado al Gobierno por transponer la Directiva Europea de Medidas de Lucha contra la Morosidad dentro del plazo marcado, que expira el próximo 16 de marzo. Este hecho, junto con la recién anunciada ampliación del Plan de Pago a Proveedores, que abarca nuevos ámbitos de aplicación sobre el anterior, “suponen para nosotros, y especialmente para la economía y la liquidez de las pymes y autónomos españoles, dos noticias de una importancia extraordinaria, un paso fundamental en la racionalización de los plazos de pago en España”, asegura Antoni Cañete, presidente de la PMcM, entidad impulsora de la Ley 15/2010 de Lucha contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales.

“Nos parece especialmente trascendente que la transposición de la Directiva 7/2011/ UE de Medidas de Lucha contra la Morosidad no haya introducido el pacto de las partes para pagos por encima de los 60 días, es decir, que haya fijado un plazo de pago estándar de 30 días ampliable solo hasta un máximo de 60 días si así lo acuerdan las partes”, añade.

En su opinión, “el espíritu de la reforma es cada vez más claro y apunta en el buen camino, pero creemos que quedan algunos resquicios legales que sería conveniente acotar para asegurar que las modificaciones recientemente aprobadas obtengan los resultados previstos y sean un instrumento eficaz para reducir los plazos de pago en España”.

Tras un primer análisis del Real Decreto-ley 4/2013 del pasado 22 de febrero, la PMcM señala que faltan algunos aspectos que permitirían “fortalecer aún más la normativa, evitar su manipulación y lograr que impere el espíritu que sus reformas quieren conseguir”. Por ejemplo, se debería derogar el artículo 17 de la Ley del Comercio Minorista y el artículo 228 de Contratación Pública, para “acabar con el trato de favor a distribuidores y contratistas, respectivamente”, explica.

Asimismo, la PMcM propone establecer un régimen sancionador que normalice los pagos entre compañías con multas ejemplarizantes de hasta 900.000 euros; la creación del Observatorio de la Morosidad, que permitiría conocer con rigurosidad el comportamiento en los pagos; la generalización de la medida del IVA a todos los tipos de pymes y autónomos sin excepción; e implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicialcomo la figura del mediador, que tanto éxito cosecha en Francia.

Para Cañete, todas estas propuestas son necesarias “si queremos cumplir el objetivo fundamental de asegurar unos plazos de pago razonables que permitan equiparar la competitividad de nuestras pymes y autónomos con la del resto de nuestros vecinos europeos”.

Por otra parte, el presidente de la PMcM ha querido recordar que la Directiva Europea obliga a pagar los intereses de demora, por lo que insta a que esto se refleje en el inminente Plan de Pago a Proveedores.

Datos del informe de la PMcM presentado en febrero de 2013

Según el último estudio de la PMcM, tras la puesta en marcha del plan de pago a proveedores (que logró saldar deudas por 27.000 millones hasta 31 de enero de 2011), los impagos de las Administraciones Públicas se volvieron a disparar en 2012, evidenciando que supuso solo un punto y seguido en la lucha contra la morosidad. Aunque el plazo medio de pago a proveedores disminuyó en 2012 en España un 13% por parte de las Administraciones Públicas y un 5,1% por el sector privado, esta mejora se perfiló “todavía insuficiente ya que estas cifras distaron mucho de los plazos permitidos para ese año por la Ley”, asegura el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.

Concretamente, las AA.PP. tardaron en 2012 en pagar a sus proveedores casi cuatro veces más que los 40 días que marcaba la Ley, a una media de 141, un registro inferior en 21 días al que se estimó para el año anterior (162 días). Por su parte, en 2012 el plazo medio de pago en el sector privado fue de 93 días (frente a los 75 que establecía la Ley para ese año), lo que supuso una disminución de cinco días respecto a las estimaciones efectuadas para 2011 (98 días).

Datos del estudio de la PMcM han desvelado que el 65,4% de las empresas encuestadas tuvo durante 2012 contratos o acuerdos comerciales con clientes del sector privado que les exigían plazos de pago superiores a los 75 días que establecía la Ley 15/2010 para ese año. En esta línea, Cañete recuerda que tanto la Ley española como la Directiva Europea, que se implantará a partir de marzo, obligan en este 2013 a las Administraciones Públicas y al sector privado a reducir sus plazos de pago a proveedores a 30 y a 60 días, respectivamente.

El informe también apunta que el ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en el 7%, lo que significó un estancamiento respecto a 2011 (7,1%). En caso de sufrir impagos, solo un cuarto de los encuestados exigió a sus clientes morosos los intereses de demora, frente al casi 75% restante que nunca o casi nunca lo hicieron durante 2012. Entre las causas que apunta Cañete, podría deberse “sobre todo más al miedo que al propio desconocimiento”, basándose en que el 80,8% de los encuestados ha asegurado conocer la existencia de la Ley 15/2010, aunque bien es cierto que “no deja de sorprender que un 19,2% de las empresas aún la desconozca”.

Sobre la PMcM

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) agrupa a entidades estatales, autonómicas y sectoriales, que en conjunto representan a cerca de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros- y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos (www.pmcm.es). Asimismo, la PMcM tiene reconocida en la propia Ley 15/2010 su legitimación activa en este ámbito.

Más información: Anabel Palacio a.palacio@romanyasociados.es 91 591 55 00 650 03 09 46.