“La nueva cotización de los autónomos debe ser justa, proporcional y ayudar al más pequeño”. » La reforma laboral ignora al 99,8% de las empresas en España”
A punto de cumpir un año al frente de Pimec, la patronal catalana que representa a las pequeñas y medianas empresas, Antoni Cañete (Barcelona,1963) hace un balance claroscuro de los casi dos ejercicios de pandemia y advierte que, al margen de los ERTE y los créditos ICO, serán necesarias más medidas de apoyo para evitar que pueda desaparecer un tercio de las empresas y del empleo actual. Y entre ellas, Cañete, que compatibiliza su cargo con el de presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, destaca la de hacer cumplir los plazos de pago entre empresas e imponer sanciones a aquellas que no paguen a sus proveedores.
¿Estamos en el inicio del fin de la crisis económica o esto es solo un espejismo?
Estamos en una situación en la que las empresas más pequeñas van a necesitar de una sensibilidad que permita que no se cierre actividad ni se pierdan empleos, ya que han sido las más perjudicadas por la pandemia. La devolución de los ICO, el fin de la moratoria de los concrusos y el repunte de la morosidad, que en breve podría situarse en cifras de 2008, pueden generar la tormenta perfecta en el momento en el que se pierda la ‘anestesia’ de muchas empresas.
Se ha quejado por la escasez de ayudas directas para combatir la pandemia y el reparto tardío de las mismas
No son ayudas. Deberían ser llamadas compensaciones, porque se tomó la decisión de cerrar la actividad económica. Los Gobiernos tienen que compensar a las empresas por obligarles a cerrar. Además, el impacto no ha sido igual por sectores, ya que que algunos como el comercio y el turismo se han visto más afectados. En Cataluña, el gobierno autonómico ha vuelto a cerrar el ocio nocturno y a establecer límites a la hostelería. Solo por eso debería compensar. No hemos encontrado el equilibrio entre sanidad y actividad.
Pese a pactar la reforma laboral en el diálogo social, los empresarios se han mostrado contrarios a la subida del salario mínimo o a la indexación de los salarios a la inflación. ¿Comparte esa opinión?
El salario mínimo tiene que ser el más alto posible. Basta ya de populismos y seamos rigurosos. El salario mínimo tiene que subir, siempre que no destruya empleo ni actividad. Respecto a la inflación, con los precios subiendo un 6,5% en 2021, las empresas no podemos decir que no hay que subir los salarios. Hay que subirlos, pero no con el IPC, sino con la productividad. No puedes decir a los trabajadores que no van a ver incrementados los salarios. Pero eso debe ser compatible con el alza de precios de las materias primas o de la energía que están asumiendo las empresas.
La nueva propuesta de cotización para autónomos que ha presentado el Gobierno tampoco ha sido bien recibida por las patronales
La nueva cotización de autónomos tiene que ser justa, proporcional y ayudar al más pequeño. Ese último es el principal elemental de la reforma, propiciar que aquel que gane menos, pague menos, tal y como sucede con el IRPF.
¿Cómo valora la nueva reforma laboral? ¿Cree que le han colado algún gol a los empresarios?
Lo más preocupante de la reforma laboral es que ignora al 99,8% de las empresas de este país. Hay que valorar positivamente que se se haya cerrado un acuerdo en el marco del diálogo social, pero en la negociación no ha habido una organización que represente con voz propia a las pequeñas y medianas empresas. Cepyme no tiene socios, no tiene cuotas y el 100% de su presupuesto es de CEOE. Por lo tanto no puede estar en la mesa de dialogo, ya que no deja de ser una marca de CEOE y no tiene voz propia.
Está detrás de la creación de la Confederación Nacional de Pymes, cuyo principal objetivo es precisamente representar a esas compañías que no están en la negociación colectiva
Todos los países de la UE tienen un patronal de pequeñas y grandes separadas y con voz propia. En España tenemos un problema de representatividad. Que las pequeñas y medianas empresas no estén en el puente de mando en España es una anomalía, ya que impide participar a las firmas que suponen el 75% del empleo y el 70% del PIB.
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