Según el “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2016”, de la PMcM, “Al 68% de los proveedores se les imponen plazos de pago superiores a los permitidos por ley”
- El plazo medio de pago a proveedores se redujo en 2016 tanto en el sector público (5,3%) como en el privado (9,4%), pasando respectivamente de 75 a 71 y de 85 a 77 días, aunque manteniéndose lejos de los 30 y 60 días que establece la ley
- El 96% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago; y el 91% nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora
Madrid, 1 de febrero de 2017.- La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha presentado su “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2016”, del que se desprende que el plazo medio de pago a proveedores se redujo tanto en el sector público (5,3%) como en el privado (9,4%), pasando respectivamente de 75 a 71 y de 85 a 77 días, aunque manteniéndose lejos de los 30 y 60 días que establece la ley.
“Por tercer año consecutivo el sector público presenta un mejor comportamiento que el privado”, asegura el presidente de la PMcM, Antoni Cañete. “Debemos valorar las políticas implementadas en el ámbito público de forma positiva, ya que sistemáticamente mejoran año tras año, aunque no se puede decir lo mismo en el ámbito privado. Seguimos sin entender cómo es posible que después de siete años de la Ley 15/2010, que obligaba a la creación de un Observatorio de Morosidad en el sector privado, la PMcM tenga que seguir informando del comportamiento de los plazos de pago en este ámbito. Esperamos que este tenga que ser el último informe de la PMcM, puesto que el acuerdo de PP y Ciudadanos contempla la creación del mismo”.
Según el estudio, elaborado a partir de más de 700 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas y ajenas, el año pasado el 68% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley 3/2004.