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El último informe Greco del Consejo de Europa ha centrado la atención en la necesidad de reforzar la transparencia en España. Más allá de los titulares políticos, sus advertencias enlazan con un problema que llevamos años denunciando: la ausencia de trazabilidad en los contratos públicos y el impacto que esta carencia tiene en la morosidad que padecen pymes y autónomos, especialmente en la contratación pública.
El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) es un organismo que depende del Consejo de Europa –no debe confundirse con el Consejo Europeo, institución de la Unión Europea–. Aunque su informe más reciente sobre España, publicado el pasado 1 de agosto, no incluye referencias específicas a la contratación pública, entendemos que las deficiencias mencionadas son plenamente aplicables a la realidad de la compra pública.
En este sentido, la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon) lo constata con claridad en su Informe Anual de Supervisión 2024. Señala, “un año más, la falta de información sobre el peso real de la subcontratación […] y la ausencia de información obstaculiza la supervisión de las obligaciones impuestas a los órganos de contratación consistentes en el control del pago a subcontratistas y proveedores, de acuerdo con el artículo 217.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.” En otras palabras, no se sabe con certeza quién ejecuta realmente una parte significativa de los contratos públicos ni si a esos subcontratistas se les paga en tiempo y forma.
Las consecuencias de esta falta de control son evidentes. Según nuestro último informe, los plazos medios de pago a los subcontratistas en el sector público alcanzaron los 88 días en 2024, cuando la ley establece un máximo de 30. Esta diferencia refleja con crudeza cómo la opacidad en la cadena de contratación se traduce en morosidad estructural: las pymes y autónomos, la parte más débil de la cadena de contratación, soportan retrasos inasumibles para su capacidad financiera. Los subcontratistas trabajan sin visibilidad y sin acceso a los mecanismos de defensa que sí amparan al contratista principal. En la práctica, aunque en muchos casos ejecuten la mayor parte de la prestación, asumen grandes retrasos en el cobro y carecen de las garantías legales efectivas que deberían protegerles.
La falta de información convierte la cadena de contratación en una cadena
La opacidad, en los contratos y la información, también es terreno fértil para la corrupción
opaca, en la que los subcontratistas quedan ocultos y desprotegidos. Esto también puede considerarse una forma de corrupción.
Riesgos y desigualdad
La paradoja es evidente: la contratación pública mueve cada año miles de millones de euros y debería ser una de las grandes palancas de crecimiento para el tejido empresarial. Sin embargo, se convierte en un mecanismo que concentra riesgos y desigualdad. En lugar de abrir oportunidades, perpetúa la morosidad y asfixia a quienes más dependen de la liquidez: las pymes y los autónomos.
La falta de control sobre los pagos no es solo un problema administrativo: tiene un coste económico directo. Cada día de retraso supone tensiones de tesorería, necesidad de acudir a financiación externa y, en muchos casos, renuncia a crecer o a invertir. Para una pyme o un autónomo, cobrar a 88 días equivale a financiar gratis a la Administración Pública o al contratista principal. Este lastre erosiona la competitividad, limita la creación de empleo y acaba trasladando el riesgo financiero a quienes menos capacidad tienen para soportarlo.
Desde la PMcM defendemos que la solución pasa por la aplicación escrupulosa de la ley de Contratos del Sector Público: implantar mecanismos efectivos de trazabilidad en toda la cadena de contratación, supervisar y controlar realmente los pagos de los contratistas principales a sus subcontratistas, reforzar la capacidad de los órganos de control y transparencia, dotándolos de medios y poder sancionador y garantizar la igualdad de acceso a mecanismos de defensa para todos los eslabones de la cadena, no solo para los adjudicatarios principales. De igual manera, esperamos una trasposición rápida y efectiva de la reforma que la UE está llevando a cabo sobre la contratación pública, por su especial apoyo a la pyme.
Y, para finalizar, otro contrasentido: el propio informe Greco del 1 de agosto, que debería servir como guía para reforzar la transparencia en España, no está disponible en español a la fecha de redacción de esta tribuna, pese a que el propio informe así lo solicita. Que un documento destinado a evaluar el grado de cumplimiento de nuestro país no sea accesible al público general en nuestro idioma constituye, en sí mismo, una muestra de opacidad.
La transparencia se nos queda en un concepto abstracto, un pobre compromiso político. Debemos asegurar que tiene consecuencias útiles, empezando porque el dinero público llegue a quienes ejecutan las obras y servicios, evitando que pymes y autónomos sigan siendo invisibles y soportando los mayores retrasos. La opacidad, en los contratos y en la información, también es terreno fértil para la corrupción.
Autor: Antoni Cañete Presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad y presidente de Pimec
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