INFORME SOBRE MOROSIDAD: ESTUDIO PLAZOS DE PAGO EN ESPAÑA 2024
- La PMcM reclama “una solución inmediata” e insiste en que “los gobiernos, para demostrar su verdadero compromiso, deben empezar por garantizar que cumplen con las reglas que ellos mismos dictan. En el momento actual, en el que la Administración está incrementando su recaudación, no existe justificación para que esta empeore sus plazos de pago y deberían ser las primeras en respetar los tiempos que imponen, dando ejemplo al sector privado”.
- Durante 2024 el plazo medio de pago del sector público aumentó 12 días (hasta los 67 días de media), mientras que el del sector privado se redujo 6 días (hasta situarse en una media de 64 días). En ambos casos son registros que sobrepasan los plazos medios de pago establecidos por la Ley 15/2010: un total de 30 días para las AA.PP y de 60 días para las empresas.
- Al 61% de los proveedores se les imponen plazos de pago superiores a los permitidos por ley, sin que esta práctica ilegal tenga consecuencias. El 92% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago, y el 84% nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora.
Madrid, 6 de marzo de 2025.- La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha constatado la persistencia de los largos plazos de pago a proveedores tanto en las relaciones entre empresas como con las Administraciones Públicas. Un año más, son superiores a los permitidos por la ley, según se desprende de la nueva edición de su “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2024”, elaborado a partir de más de 500 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas y ajenas.
Durante 2024, el plazo medio de pago del sector público aumentó 12 días (hasta los 67 días de media), mientras que el del sector privado se redujo en 6 días (hasta situarse en una media de 64 días). En ambos casos son registros que sobrepasan los plazos medios de pago establecidos por la Ley 15/2010: un total de 30 días para las AA.PP. y de 60 días para las empresas.
En lo que se refiere en concreto al sector público, el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, destaca que este incremento es alarmante: por primera vez desde 2014, el plazo medio de pago de las AA.PP. ha superado al de las empresas (67 del sector público frente a los 64 del sector privado), con el agravante de que el plazo máximo legal para las AA.PP. es de tan solo 30 días, la mitad del impuesto a las empresas”.
Asimismo, el análisis recoge que más de la mitad de los encuestados (52%) asegura que la Administración Local es la que más tarda en pagar. La segunda peor pagadora es la Administración Regional, abarcando un 28% de los encuestados, y la tercera, la Administración Central (con un 20% de respuestas). Concretamente, los plazos medios de pago sobrepasaron el periodo legal para el 76% de la Administración Local, para el 78% de los proveedores de la Regional y para el 80% de los proveedores de la Central. Ante estas cifras, Cañete reclama “una solución inmediata” e insiste en que “los gobiernos, para demostrar su verdadero compromiso, deben empezar por garantizar que cumplen con las reglas que ellos mismos dictan. En el momento actual, en el que la Administración está incrementando su recaudación, no existe justificación para que esta empeore sus plazos de pago y deberían ser las primeras en respetar los tiempos que imponen, dando ejemplo al sector privado”.
Los datos obtenidos por la PMcM distan de la información que aportan los Gobiernos sobre sus plazos de pago, que son más optimistas y están próximos al plazo legal. Esta brecha la ha constatado el Observatorio de Pagos de la UE en su Informe Anual 2024, en el que refleja que la información que facilitan las AA.PP. de España no corresponden con lo recogido en los análisis de entidades especializadas como la PMcM.
Al respecto, Cañete señala que una explicación a esta brecha podría residir, en parte, en “determinadas malas praxis”. Por ejemplo, la detectada recientemente en el Ayuntamiento de Lugo, que, presuntamente, retrasó de forma interesada la inscripción en el registro de facturas, por lo que el plazo de pago empezó a ser efectivo más tarde de cuando realmente debería. “De haber sido así, tenemos que poner fin de inmediato a este procedimiento, porque toda AA.PP. debe cumplir la ley”, insiste el presidente de la PMcM e insta a que “se realicen las modificaciones oportunas en el sistema de facturación electrónica (FACe) para evitar que pueda volver a producirse este modus operandi”.
En el ámbito europeo, la PMcM celebra que la lucha contra la morosidad sea un tema que tiene muy presente la Comisión Europea, manteniéndolo en su agenda para 2025. Además, la entidad confía en que prosiga próximamente la tramitación del nuevo Reglamento Europeo contra la Morosidad, que será de obligado cumplimiento y prevé sancionar a las empresas morosas si exceden del plazo de pago general fijado en 30 días (o en 60 para casos de necesidad de periodo de certificación).
Sector privado: pagos a subcontratistas a 88 días
El “Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2024” analiza también los plazos medios de pago del sector privado. Para el 56% de los encuestados, el tipo de cliente por tamaño de empresa que más tarda en pagarles son las grandes empresas (las que tienen una facturación superior a 50 millones de €). Cuando los encuestados son preguntados por cuánto tardan aproximadamente en pagarles sus clientes que son grandes empresas, el 74% declara que estas superan el plazo legal: el 33% señala que les pagan muy por encima de los plazos legales (más de 90 días) y el 41% coincide en que lo hacen algo por encima del plazo legal (tardando entre 60 y 90 días). Solo el 26% de las grandes compañías les pagan dentro del plazo legal.
En lo que se refiere al pago a subcontratistas por parte de los contratistas principales, el estudio cifra la media de días en 88. “Desde la PMcM venimos denunciando que la cadena de pagos en el sector público está “mal controlada” y esto dificulta que el dinero fluya hasta el último eslabón, hasta los subcontratistas (en su mayoría pymes y autónomos), permitiendo que algunas grandes compañías se financien a costa de sus proveedores”.
En su opinión, son “más que necesarias medidas trascendentales” como la anunciada por la Generalitat sobre que va a pagar directamente a los subcontratistas, garantizando una mayor agilidad en los pagos y aportando liquidez a las empresas.
Condiciones abusivas persistentes
La nueva edición del estudio de los plazos de pago de la PMcM constata una vez más la permanencia de condiciones abusivas. El año pasado el 61% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes (de los sectores público y privado) que les imponían plazos de pago superiores a los permitidos por la Ley 3/2004, “sin que se apliquen consecuencias a esta práctica ilegal”, manifiesta Cañete.
A esto también se suma el preocupante dato de que, en caso de sufrir impagos o retrasos, el 84% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y el 92% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago. Para el presidente de la PMcM, “esto evidencia la falta de eficacia de una ley que no penalice su infracción». En este sentido, para el 94% de los encuestados en el análisis de la PMcM un régimen sancionador resulta “necesario”.
Considerando los resultados obtenidos del análisis llevado a cabo por la PMcM, la ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en 2024 en el 5,2%, ligeramente superior al 5,1% de 2023. Asimismo, un 74% de los participantes señala que su expectativa de plazo de cobro durante 2025 no va a variar. Cuando los encuestados son preguntados por cuál sería su primera opción en caso de necesitar liquidez, el 76% declara que sería pedir financiación, y un 16% se vería abocado a ampliar sus plazos de pago.
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