Madrid, 09 de diciembre de 2021.- La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha argumentado que Cepyme (Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa) no protege a las pymes con voz propia, sino a los intereses de las grandes compañías, al haber calificado de “desproporcionado” que se prohíba a las compañías morosas acceder a subvenciones públicas, tal y como ha denunciado en un comunicado y en las mesas de diálogo y representación.
En general, los mayores morosos —que muchas veces actúan con posición de dominio— son las grandes empresas y, los perjudicados, las pymes. Este hecho se constata tanto en los informes del Ministerio de Economía como en los de la Comisión Europea, de la PMcM y de la propia Cepyme. Por tanto, “Cepyme está defendiendo los intereses de las grandes empresas morosas, pretendiendo premiar el incumplimiento de la ley aportando fondos públicos y ayudas europeas a las empresas que violan la ley de morosidad; todos presuponíamos que entre sus principios no estaría promover el incumplimiento de la ley…”, explica Antoni Cañete, presidente de la PMcM.
En su opinión, este hecho pone en cuestión la objetividad de las peticiones y propuestas de Cepyme, y compromete la honestidad de sus informes y, por ende, de su Observatorio de la Morosidad, creado de forma “muy oportuna al hilo del anuncio de que la Ley Crea y Crece promoverá uno”. Para Cañete, “quien lidere el Observatorio de la Morosidad del Estado debe ser absolutamente objetivo y conocer bien la realidad de esta lacra, que afecta principalmente a pymes y autónomos ante la posición dominante de las grandes empresas y compañías de mayor dimensión, principalmente”.
En nuestro último análisis de las empresas del IBEX constatamos que el plazo medio de pago era de 191 días frente a los 60 legales (más que triplicándolos). En cuanto a las AA.PP., vemos en los últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda que los ayuntamientos pagan a una media de 70 días, en vez de a un máximo de 30 como marca la ley. La ratio de las operaciones pendientes de pago del conjunto de los ayuntamientos a septiembre superaba los 142 días.
Para Cañete, “el retraso en los pagos no se puede justificar de ninguna manera, más si cabe en empresas que tienen liquidez”. Recordemos que, según las estimaciones realizadas por la PMcM sobre los datos de la CNMV referidos a 2020, las compañías cotizadas liquidaron sus facturas en un periodo medio de 200 días, triplicando el plazo legal permitido (60 días) y aumentando 14 días respecto a 2019. Además, tenían en cartera 81.786 millones de euros sobrepasando los 60 días legales.
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