La Ley de Morosidad de 2004 estableció que las empresas privadas no pueden pagar a más de 60 días y el sector público a más de 30. Sin embargo, permitía aumentar los plazos si se producía un pacto entre las partes, lo que de facto implicó que las grandes impusiesen plazos mayores a las pequeñas. Lee la noticia en este enlace
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