Morosidad
El proyecto busca también reducir la morosidad imperante en las operaciones comerciales, para lo cual, aparte de generalizar la factura electrónica, prohíbe el acceso a fondos públicos a las empresas que incumplan el límite legal de 60 días fijado para el pago a sus proveedores.
Antoni Cañete, presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), opina que la medida va en la buena dirección, pero será insuficiente mientras las compañías no estén obligadas a demostrar por medio de un certificado expedido por un auditor independiente que acatan esa regla. “Ahora basta con presentar una declaración responsable que en la mayoría de los casos es papel mojado”, critica.
PMcM propone acompañar los límites a la morosidad con un régimen sancionador
Las cotizadas del Ibex liquidan sus facturas en un periodo medio de 191 días, el triple de lo establecido, y acumulan impagos por 82.000 millones, según PMcM, que reclama también la aprobación de un régimen sancionador, pendiente de tramitación en el Congreso desde septiembre de 2020. “En Francia se imponen multas de hasta 800.000 euros. Sin ellas, la ley aquí será inútil. La factura electrónica deja constancia del retraso, pero por sí sola no mejora los plazos”, sentencia.
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