El anteproyecto de Ley de Fomento de la Financiación empresarial empeorará la situación de pymes y autónomos

La PMcM denuncia que el anteproyecto de Ley de Fomento de la Financiación empresarial empeorará la situación de pymes y autónomos para cobrar de acuerdo a los plazos legales

• Las nuevas disposiciones permiten pactar plazos de pago superiores a los legales y supone que los acreedores sean los que tengan que hacer frente al coste financiero del aplazamiento de la deuda por parte de sus clientes

• La PMcM insta al Gobierno a que “siga en la buena dirección como lo ha hecho hasta ahora”, que “no confunda plazos de pago con medios de pago”, y recuerda que “el plazo de pago debe ser siempre el legal”

• Aprobar el anteproyecto “solo va a empeorar la situación de las pymes y autónomos para cobrar de acuerdo a los plazos legales”, denuncia la PMcM

• Para hacer frente al problema de la morosidad, la PMcM propone que se apruebe en el Congreso su propuesta de régimen sancionador, que normalizaría los pagos entre compañías con multas ejemplarizantes

Madrid, 07 de marzo de 2014.- La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), tras analizar el anteproyecto de ley de fomento de la financiación empresarial, manifiesta su desacuerdo con las novedades que se incluyen en materia de morosidad, concretamente, dos disposiciones que permiten a las empresas pagar su deuda comercial más allá de los 60 días fijados por ley, siempre y cuando haya acuerdo entre el deudor y el acreedor para ceder la deuda a un tercero, quien abonaría el pago en plazo.

Este “pacto entre las partes” está recogido en dicho anteproyecto en su disposición final tercera, que modifica la ley 3/2004 de Medidas de Lucha contra la Morosidad. Ésta permite que en los casos en los que se produzca la cesión de la deuda a un tercero (como por ejemplo ocurre en el factoring o confirming bancario), se puedan alargar los plazos de pago cargando los costes financieros al acreedor.

En este sentido, el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, insta al Gobierno a que “siga en la buena dirección como lo ha hecho hasta ahora” con la transposición de la Directiva Europea y la puesta en marcha de los diversos planes de pago, que “son prueba de su buena voluntad de mejorar la situación”.

Asimismo, ha solicitado que “no se vuelva a introducir el concepto del pacto entre las partes”, y que “no se confunda plazos de pago con medios de pago”. Al respecto, denuncia que “en ningún caso el medio de pago debe suponer un coste financiero para el proveedor por cobrar en el plazo que legalmente le corresponde, sino que tiene que soportarlo el deudor. El plazo de pago debe ser siempre el legal”.

Pese a toda la legislación aprobada anteriormente, tanto en nuestro país como en la Unión Europea, la redacción del texto podría suponer, además del coste financiero para el proveedor, también volver a los plazos de pago ilimitados. “La experiencia nos enseñó que pactar plazos hace que se incrementen y esto nos llevó a tener los periodos más amplios de nuestros vecinos europeos, solo por detrás de Grecia. Sin duda, aprobar esta disposición solo va a empeorar la situación de las pymes y autónomos para cobrar de acuerdo a los plazos legales”, explica.

Asimismo, el presidente de la PMcM ha querido hacer referencia a que también es “necesario que, dentro de la Ley del Comercio Minorista, se anule el artículo que permite pagar por encima de los 60 días, para que las empresas de todos los sectores, ya sin excepción, tengan los mismos derechos y deberes”.

Necesidad de un régimen sancionador

Para hacer frente al problema de la morosidad, la PMcM insta a establecer un régimen sancionador que normalice los pagos entre compañías con multas desde 30.000 hasta 900.000 euros.

Durante la II Cumbre de Morosidad organizada por la PMcM, los grupos parlamentarios ya se comprometieron a realizar entre enero y febrero del presente año una propuesta de ley para iniciar el trámite parlamentario del régimen sancionador. El pasado 22 de enero CiU la presentó en el Congreso de los Diputados. La PMcM recuerda que es necesario que se cumpla este compromiso para poner fin a la lacra de la morosidad, que ha causado el cierre de un tercio de las 500.000 empresas que han desaparecido desde el inicio de la crisis”.

Por otra parte, ante el hecho de que determinadas compañías están comunicando a sus proveedores que si se acogen al IVA de caja no les contratarán más, para así optar por aquellos proveedores con los que pueden deducirse el IVA sin haber pagado, la PMcM propone una medida que acabaría con este abuso. Se trata de que el Gobierno invierta el sujeto pasivo para que el proveedor (en su mayoría pymes) quede exonerado del anticipo del impuesto y se ponga de manifiesto qué clientes (muchos son grandes empresas) no pagan sus facturas a tiempo.

Asimismo, la PMcM propone también otros caminos para reducir de forma efectiva la morosidad, por ejemplo, implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador que tanto éxito cosecha en Francia; que haya un mecanismo que asegure que los contratistas paguen a sus subcontratados; y crear el Observatorio contra la Morosidad, que contempla la participación activa y explícita de la PMcM, y cuya puesta en marcha permitiría conocer con rigurosidad el comportamiento en los pagos en nuestro país.

Otros datos de estudios anteriores de la PMcM

Según el último estudio de la PMcM, tras la puesta en marcha del plan de pago a proveedores (que logró saldar deudas por 27.000 millones hasta 31 de enero de 2011), los impagos de las Administraciones Públicas se volvieron a disparar en 2012, evidenciando que supuso solo un punto y seguido en la lucha contra la morosidad. Aunque el plazo medio de pago a proveedores disminuyó en 2012 en España un 13%por parte de las Administraciones Públicas y un 5,1% por el sector privado, esta mejora se perfiló “todavía insuficiente ya que estas cifras distaron mucho de los plazos permitidos para ese año por la Ley”, asegura el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.

Concretamente, las AA.PP. tardaron en 2012 en pagar a sus proveedores casi cuatro veces más que los 40 días que marcaba la Ley, a una media de 141, un registro inferior en 21 días al que se estimó para el año anterior (162 días). Por su parte, en 2012 el plazo medio de pago en el sector privado fue de 93 días (frente a los 75 que establecía la Ley para ese año), lo que supuso una disminución de cinco días respecto a las estimaciones efectuadas para 2011 (98 días).

Datos del estudio de la PMcM han desvelado que el 65,4% de las empresas encuestadas tuvo durante 2012 contratos o acuerdos comerciales con clientes del sector privado que les exigían plazos de pago superiores a los 75 días que establecía la Ley 15/2010 para ese año. En esta línea, Cañete recuerda que tanto la Ley española como la Directiva Europea obligan ya a las Administraciones Públicas y al sector privado a reducir sus plazos de pago a proveedores a 30 y a 60 días, respectivamente.

El informe también apunta que el ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en el 7%, lo que significó un estancamiento respecto a 2011 (7,1%). En caso de sufrir impagos, solo un cuarto de los encuestados exigió a sus clientes morosos los intereses de demora, frente al casi 75% restante que nunca o casi nunca lo hicieron durante 2012. Entre las causas que apunta Cañete, podría deberse “sobre todo más al miedo que al propio desconocimiento”, basándose en que el 80,8%de los encuestados ha asegurado conocer la existencia de la Ley 15/2010, aunque bien es cierto que “no deja de sorprender que un 19,2% de las empresas aún la desconozca”.

Sobre la PMcM

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) agrupa a entidades estatales, autonómicas y sectoriales, que en conjunto representan a cerca de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros- y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos (www.pmcm.es). Asimismo, la PMcM tiene reconocida en la propia Ley 15/2010 su legitimación activa en este ámbito.

Más información: Anabel Palacio "> ">a.palacio@romanyasociados.es 91 591 55 00 650 03 09 46.